Carabineros de Chile, en respuesta a una solicitud por Ley de Transparencia realizada por El Ciudadano, informó que el mayor de la Escuela de Formación Policial «Grupo Valdivia», Richard Gutiérrez Lamilla, acusado de usar a estudiantes del plantel para una mudanza particular, no ha sido investigado internamente por la institución ni sometido a sanciones vinculadas a dicho caso.
Esto pese a la existencia de un reconocimiento explícito del oficial sobre los hechos denunciados.
En agosto de 2015, la XIV Zona de Carabineros de Los Ríos pidió que el funcionario respondiera sobre la aparición de una serie de fotografías en redes sociales, publicadas en comentarios del sitio web del programa «Tolerancia Cero» de Chilevisión, donde se podía «apreciar claramente que un grupo de carabineros alumnos de este Plantel Docente (ESFOCAR), efectuaban una mudanza desde las viviendas fiscales ubicadas en el sector de Huachocopihue”.
Al respecto, el mayor Richard Gutiérrez informó que el 9 de julio, con su grupo familiar, empezó a efectuar el traslado de enseres personales a un nuevo domicilio que el mando designó para él, ubicado a 150 metros del anterior. «Para ello se utilizó además la colaboración desde el día viernes 10 de julio de un vecino identificado como el Sr. Carlos Villagrán, el Cabo 1º Nelson González y Cabo 1º Gerardo Martín Vera«, explicó el oficial, agregando que a estos últimos les canceló «la suma de $10.000 por dicha colaboración».
Gutiérrez reconoció además que al día siguiente siguió realizando la mudanza con los mismos ayudantes, pero que esta vez, «en atención a la envergadura de los muebles que restaba trasladar, se dispuso del camión fiscal del Plantel C-079 para cumplir el cometido».
Luego, por «las pésimas condiciones climáticas evidenciadas en una amenazante lluvia que comenzó a mojar los objetos”, ordenó al cabo González que trajera a un grupo de carabineros alumnos en el camión fiscal para «finalizar lo antes posible los trabajos». Fue así como 15 de ellos terminaron colaborando con el mayor.
En el documento, Gutiérrez admitió conocer que los involucrados sólo deben hacer actividades «dentro del marco legítimo de su proceso de formación», pero justificó el hecho señalando que la mudanza obedeció únicamente a una «eventualidad», propiciada por el «escaso tiempo con que contaba para hacer entrega de su antigua vivienda».
GENERAL EN LA MIRA
El ex cabo Hernán Leiva Suazo, un pionero en la denuncia de irregularidades y delitos cometidos al interior de la institución, presentó en marzo de este año un requerimiento a la Contraloría General de la República para indagar no sólo el empleo indebido de recursos fiscales por el mayor Richard Gutiérrez, sino el eventual uso de lanchas institucionales con fines personales por parte del actual jefe de Zona de Los Ríos, general Pedro Larrondo Borsotto.
Leiva no reaccionó sorprendido frente a la nula acción administrativa por el caso del mayor Gutiérrez, señalada en el oficio que El Ciudadano recibió. firmado por el coronel Pedro Duguett Aroca, jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, ya que para él se ha hecho recurrente que ciertos oficiales «se tapen unos a otros».
«Esa situación (la mudanza) es pan de todos los días. Hay oficiales ocupan a funcionarios de Carabineros de nanas, de choferes y de jardineros para el servicio personal. Como se dice vulgarmente, ellos se prestan ropa, y como las autoridades políticas en este país están en lo mismo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Estamos prácticamente en tierra de nadie», manifestó.
En la misma respuesta a nuestra solicitud de Transparencia, la institución admitió que la Subdirección General de Carabineros actualmente investiga al general Pedro Larrondo por supuestamente ocupar una lancha entregada en ceremonia oficial por el ahora ex ministro del Interior Jorge Burgos (la LP-003) para dar un paseo a quien sería su pareja y una hermana de ésta, de acuerdo al escrito ingresado en Contraloría por el ex cabo Leiva.
Por solicitud de este medio, Carabineros se pronunció respecto a la existencia de bitácoras de las lanchas, indicando que sólo existe un registro correspondiente al zarpe de la embarcación LC-007 el día 24 de diciembre de 2015, y que en él no existe mención a las particulares que fueron vinculadas al jefe policial de Los Ríos.
El ex cabo Leiva aún espera la respuesta de Contraloría, pero dijo tener poca esperanza ya que en muchos casos el ente «ampara los actos» cometidos por funcionarios que cometen faltas a la probidad.
«Lo voy difícil porque hace poco denuncié a un coronel que estaba robando energía eléctrica y el agua potable que tenía que ocupar un cuartel de Carabineros. Yo hice la denuncia con pruebas y me manifestaron que al oficial sólo lo van a hacer pagar lo que él ocupó. Si la Contraloría ampara delitos, de qué estamos hablando», puntualizó.