El asesinato del joven malabarista Francisco Martínez a manos de Carabineros en Panguipulli ha vuelto a poner a la institución bajo cuestionamientos. Se trata de una situación crítica que se ha sostenido en el último tiempo y que ha evidenciado el constante atentado contra los derechos humanos en el que incurren sus funcionarios.
Pese a la conmoción que originó el asesinato de Martínez, el velorio del artista y artesano en Puente Alto, no estuvo exento de la represión de Carabineros, quienes hicieron uso del carro lanza aguas y lanza gases contra los asistentes.
Además, Carabineros reforzó su contingente durante la realización del funeral, correspondientes a los funcionarios de control de orden público y seguridad, ex fuerzas especiales.
Funerales en la dictadura
Al respecto, el abogado de derechos humanos de la Universidad de Chile, Luis Toro, señaló este actuar de la institución no es una sorpresa.
«Carabineros viene con una manera de actuar desde el estallido que es absolutamente contraria a la función policial democrática y muy atentatoria en contra de los derechos humanos«, afirmó Toro.
Asimismo, el abogado explicó que lo registrado durante la última jornada se asemeja con el proceder de Carabineros durante los funerales en dictadura de Augusto Pinochet.
«Es muy similar al actuar que vimos durante la dictadura, incluso con similitudes trágicas. En esa época en los funerales existía siempre un protocolo carabineros que se aplicaba, muy parecido al que se aplicó en el caso de Francisco», puntualizó en sus declaraciones a El Ciudadano.
Sumado a estos hechos, vecinos de Panguipulli también denunciaron el uso indiscriminado e injustificado del carro lanza gases en contra de la población y al interior de sus casas.
El cuestionable uso del control de identidad
Durante esta mañana y a raíz del asesinato del joven malabarista, el presidente Sebastián Piñera manifestó su apoyo a Carabineros y a la aplicación del control de identidad, señalando que este «es un instrumento legal, es útil y necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana».
Además, Piñera hizo un llamado a la población a permitir esta medida y no resistirse a ella. Sin embargo, la aplicación de este instrumento ha sido fuertemente cuestionada, aún más al haber implicado un crimen contra la vida de un joven.
Este mecanismo permite a los uniformados controlar a cualquier persona sin ningún tipo de justificación, dando paso a que los prejuicios de las policías determinen quién debe ser controlado y quién no, siendo los sectores más empobrecidos las víctimas de este resquicio legal y de la violencia policial.
Al respecto, Toro señaló que «el control de identidad obviamente está siendo muy mal utilizado. No debió nunca haberse legislado en ese sentido«.
De acuerdo con el abogado, la aplicación correcta de este procedimiento aprobado en abril del año 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, corresponde a situaciones de emergencia, tales como incendios, terremotos o casos en los que haya habido una explosión, y que en esos sucesos donde se genera conmoción «es legítimo que a algunas personas se le pueda pedir y se identifique».
«A cualquier persona y en cualquier circunstancia, solicitarle el control de identidad es un atentado directo a la libertad de traslación, de locomoción y la libertad individual que todos tenemos. No es posible que en cualquier momento se invada nuestra intimidad solicitando un control de identidad», afirmó.
El director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, también plantea la necesidad de derogar la norma debido a la poca legitimidad que tiene actualmente la institución de Carabineros.
«Derogar hoy el control preventivo de identidad no va a generar ningún impacto sobre la seguridad del Estado, por el contrario cuando quienes ejecutan el control preventivo ejecutan son policías con extremadas baja legitimidad y sin credibilidad eso se transforma no solo en arma de doble filo, sino en un arma extremadamente peligrosa«, afirmó a Radio Bio Bio.
Muertes en comisarías
Durante este lunes, Carabineros abrió un sumario administrativo a raíz de la muerte de un joven detenido en la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, caso que sumado al asesinato de Martínez vuelve a poner bajo cuestionamientos a la institución.
El joven había sido detenido junto con su pareja en calle Clotario Blest por no portar salvoconductos.
La mujer luego de ser liberada acudió a la comisaría para llevarle un sándwich a su pareja cuando carabineros le comunicó que un detenido estaba ahorcado.
Según la versión de la institución, el joven identificado como Camilo Miyaki Salinas se habría suicidado al interior de la comisaría. No obstante, su pareja descartó esta versión.
De acuerdo con el comunicado del Observatorio Nacional de Derechos Humanos Anexppsa, la joven afirmó que Miyaki era una persona mentalmente sana que nunca mostró tendencias suicidas.
“Camilo no tenía antecedentes de enfermedades de salud mental, tenía planes y proyectos, que él era una persona amable, estable emocionalmente y que en ningún caso el mostró ideas suicidas o indicios de una incipiente depresión”, señaló el documento.
Por otro lado, los funcionarios de Carabineros se mostraron reacios a entregar más información a la pareja de Miyaki, a quien sacaron a empujones de acuerdo con el comunicado.
Cabe destacar, que la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda ha mostrado un actuar permanente en el atentado contra los derechos humanos. Desde el estallido social, en ésta se ha registrado una serie de denuncias de violaciones a DDHH y violencia sexual, como el caso del estudiante de medicina Josué Maureira en octubre de 2019.
Otro aspecto que han denunciado respecto de la comisaría es que ésta no cuenta con la iluminación adecuada, ni cámaras en las celdas, las cuales han resultado en «puntos ciegos«.
Intervención de Carabineros
A raíz de la falta de protocolos y de la violencia con la que Carabineros ha actuado no sólo durante la última jornada, sino desde el estallido social, Toro afirmó que la reforma e intervención de la institución es inevitable.
«Carabineros es una institución que inevitablemente no solamente tiene que ser reformada, que es una cosa lenta, sino que ahora tiene que ser intervenida, y nombrar un mando civil. No veo otra alternativa.», aseveró.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), indicó que el asesinato del joven malabarista en Panguipulli se suma a una larga lista de agresiones y violaciones de derechos humanos por parte los carabineros, lo que a su juicio, amerita que se realice una reestructuración de la policía uniformada.
“Aquí no hay tiempo para reformas, estas demoran años en discutirse, necesitamos una intervención civil que detenga esta autonomía operativa de Carabineros que no entienden nada de derechos humanos, que tratan a la gente distinto según su clase social, que tratan distinto a manifestaciones sin son del Apruebo o del Rechazo, que tratan distinto a los carabineros y manifestantes de Plaza Dignidad, y que han perdido todo respeto y credibilidad de la ciudadanía, amén de todos los problemas de corrupción que tiene”, sostuvo en Mesa Central.
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