El general director de Carabineros, Gustavo González Jure, informó a los tribunales de justicia que desconoce si se investigaron los eventuales nexos entre una red de narcotráfico pesquisada en el caso Matute y el supuesto suicidio de un funcionario que trabajó en la comuna de Coronel en 1995.
El informe fue solicitado por la Corte de Apelaciones de Talca, a raíz de un litigio abierto por la supuesta negligencia del Consejo para la Transparencia al avalar una respuesta de Carabineros de Chile que afirmó que varios documentos relacionados con el fallecimiento del cabo segundo Sergio Muñoz Torres no habían sido encontrados en los archivos internos de la institución.
El cabo Muñoz trabajó en la Región del Biobío cuando el actual edecán de la presidenta Bachelet, Rafael Rojas Agurto, se desempeñaba como jefe de la sección de OS7 penquista en septiembre de 1995.
Según documentos judiciales obtenidos por El Ciudadano, que forman parte del reportaje “Caso Matute: Los secretos del Edecán de Bachelet” publicado íntegramente en la Edición Nº 162 de este medio, ese mismo año el coronel Rafael Rojas habría participado en el encubrimiento de una red de tráfico de drogas que funcionaba gracias a la protección de otros oficiales de Carabineros.
Actualmente, los policías mencionados en la declaración están siendo investigados por la ministra Carola Rivas, en conexión con el secuestro y homicidio de Jorge Matute Johns.
En reportes del diario “Crónica” de Concepción, originados en julio del año 2000 a propósito de la detención del traficante apodado “Mañungo” en Coronel, se reproducen varias acusaciones realizadas por familiares del cabo Sergio Muñoz que apuntan a un posible encubrimiento sobre las verdaderas circunstancias en que éste falleció.
Si bien el caso está caratulado como un “suicidio” – Muñoz fue encontrado muerto en los pasillos del edificio en que vivía tras discutir con un sargento, la mañana después de haber participado en la inauguración del local conocido como “La Casona de Mirla”, perteneciente a la hermana del narcotraficante – la familia del malogrado cabo insiste en hablar de asesinato e incongruencias en los primeros peritajes del caso.
Por ejemplo, el padre del cabo Sergio Muñoz aseguró que el policía tenía conocimientos de “gente de alto nivel metida en la mafia del narcotráfico”, ya que solía entregar información a la unidad antidrogas de la zona, encabezada en ese entonces por el ahora edecán de Bachelet.
En 2009, una publicación de la periodista Sonnia Mendoza, dada a conocer en la Revista Nos, transcribió parte del testimonio de un ex funcionario de Carabineros que señaló que el cabo Muñoz, antes de morir, “llenó un formulario donde se identificó con nombre y apellido y denunció a sus superiores”, agregando que por eso lo mataron, y que “le dispararon por la espalda”.
Fuentes de El Ciudadano vinculadas al caso Matute confirmaron que esta información provino de un ex integrante de OS7 que hasta hace algunos años trabajó en la Comisaría de San Clemente, en la Región del Maule.
Este mismo policía fue el que reveló al mayor en retiro Andrés Ovalle, ex encargado de la investigación por el secuestro de Jorge Matute, que a él lo habían mandado a asesinar cuando apuntaba sus diligencias a la discoteque La Cucaracha de Bruno Betanzo, “pero el que tenía que hacerlo se arrepintió”.
En su informe a la justicia, el general Gustavo González Jure no quiso pronunciarse respecto a si la institución recibió la mencionada denuncia del cabo Sergio Muñoz, o si más tarde intentó esclarecer lo referido por Revista Nos mediante una investigación interna.
“Que se haya instruido o no una investigación (por la muerte del cabo Muñoz), que se haya o no recibido el denuncio que habría hecho en vida el ex funcionario y cuáles fueron las consecuencias del mismo, son datos o antecedentes que Carabineros no posee”, escribió González Jure.
El conflicto por esta eventual vulneración a la Ley de Transparencia espera resolución en la Corte de Apelaciones de Talca, en causa rol 1695-2014.
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