Una insólita situación protagonizó la Municipalidad de La Reina, encabezada por el alcalde José Palacios de la UDI, tras ser desmentidos públicamente por Carabineros en el marco del cuestionado «Estado de Emergencia Comunal» decretado en dicha comuna.
La historia partió cuando en las redes sociales del municipio se realizó una publicación, acompañada de un video, anunciando que «Carabineros de Chile respondió de inmediato a nuestro decreto a nivel comunal, aumentando su dotación en el territorio de La Reina para reforzar acciones preventivas de patrullaje y fiscalizaciones en el espacio público».
Pero, luego, Carabineros, a través de la Prefectura Santiago Andes, publicó una «aclaración» por las mismas redes sociales, señalando que «no existe aumento de dotación policial en la comuna de La Reina, ni obedece a la ‘emergencia comunal’. Estos servicios son una planificación institucional y conforme al análisis que se realizan en diferentes sectores de nuestra Prefectura».
A pesar del desmentido, hasta el cierre de esta nota (20:30 horas del 7 de diciembre), la publicación del Municipio de La Reina seguía posteada en sus redes sociales, con más de 4 horas de promoción.
Contralor dice que Estado de Emergencia Comunal no existe legalmente
La agenda de seguridad y las medidas tomadas por algunos alcaldes han marcado últimamente la pauta noticiosa. Hasta que este 7 de diciembre, el Contralor Jorge Bermúdez entró al debate.
En entrevista con el canal CNN Chile, Bermúdez se refirió a las medidas de seguridad anunciadas por los alcaldes de La Florida y La Reina, presentadas como «Estado de Emergencia Comunal»: «No existe en el ordenamiento jurídico chileno, una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad. Eso no existe».
El contralor recordó que en 2016, una reforma a la Ley de Municipalidades puso fin a la controversia sobre el alcance de los municipios en el tema seguridad, quedando limitados solamente a una función de colaboración en gestión y sin ninguna atribución para realizar acciones operativas o policiales.
Estas últimas labores, recordó Bermúdez, «están reservadas exclusivamente a Carabineros, PDI y Directemar, cerrando la puerta a cualquier intervención municipal fuera de este marco legal».
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