Por Jorge Molina Araneda
En 2021, según la acusación del Ministerio Público, la compañía de grúas ACN realizó millonarios y periódicos pagos a uniformados a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en la comuna de San Bernardo.
Los carabineros involucrados fueron: Manuel Valdés Pinochet, general (R) y exjefe nacional de Tránsito y Carreteras (en la foto de portada); Ricardo Barriga Benavides, coronel y jefe de la prefectura Maipo; Marco Meneses Vergara, comandante y exjefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros; Ismael Cid Riffo, teniente coronel en retiro; Sebastián Pazo Rodway, capitán (r); y los excabos Sergio Ulloa Domínguez y Francisco Cortez Lovera.
Esos son los nombres y cargos de los al menos 7 funcionarios de Carabineros que fueron formalizados por los delitos de cohecho agravado y asociación ilícita por el fiscal de la Zona Occidente, Eduardo Baeza, a quienes se sumó José María Williamson Poblete, civil socio junto al mencionado Cortez Lovera en la empresa Aparcadero Custodias Nacionales (ACN).
La información fue dada a conocer en ese entonces por Radio Biobío, medio que detalla que esto ocurrió en el marco de una investigación por millonarios y periódicos pagos de coimas hechos por la aludida compañía de grúas a los uniformados, a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en la ya citada comuna.
La firma habría obtenido como ganancias más de 200 millones de pesos, en un escandaloso nuevo caso de corrupción policial que involucró a oficiales de las comisarías de Bajos de Mena, Huechuraba, Pudahuel, Estación Central, San Miguel y también de la zona oriente.
Por otra parte, se detallaron antecedentes que vinculaban a algunos de los imputados con lavado de dinero de narcotraficantes y robo con intimidación, entre otros delitos.
De acuerdo a la información, todo comenzó en la Sexta Comisaría de Recoleta, donde el teniente Cid Riffo y el capitán Fernández Paredes se relacionaron desde 2015 con Williamson y Cortez de la empresa ACN para levantar el lucrativo negocio.
Según estableció la Fiscalía Occidente, los oficiales comenzaron a favorecer a esa compañía para que los vehículos retirados de circulación fueran trasladados con las grúas de la empresa, enviándolos a su aparcadero de San Bernardo, algunos de los cuales incluso fueron rematados.
“Se tradujo en la obtención de ingentes ganancias para dicha empresa, tanto por el cobro de tarifas de traslados por grúas como tarifas de bodegaje diario. Para conseguirlo, los jefes de ACN, Francisco Cortez Lovera y José Williamson Poblete tomaron contacto con distintos funcionarios policiales, de diversos rangos o grados jerárquicos, a quienes les entregaban beneficios económicos a cambio de que obedecieran y cumplieran las órdenes impartidas por la empresa. Entre ellos figuraba el propio Valdés Pinochet”, apunta el ente persecutor.
Luego, se agrega que los uniformados operaban además con otro carabinero, Julio Inallado, quien como miembro de la Brigada de Tránsito (BT) -instancia creada para encubrir las acciones delictuales- realizaba labores preventivas en la calle junto a su colega Herny Urrutia.
Posteriormente, con el objetivo de ampliar el negocio a otras comunas de la Región Metropolitana, el teniente coronel Cid, actuando como intermediario de ACN, tomó contacto con otro oficial de su mismo rango, Marco Meneses Vergara, quien se desempeñaba en un cargo clave como jefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros, desde donde “aceptó violar la ley y recibir coimas”, según estableció el fiscal en su presentación.
Toda esta asociación se tradujo en pagos a los comisarios de la 32 Comisaría con jurisdicción en el aeropuerto de Santiago y de la 57ª. Los dineros, según el Ministerio Público, fueron gestionados por otro reclutador: el capitán Sebastián Pazo.
De acuerdo a los antecedentes contenidos en el expediente judicial, en mayo de 2020, Francisco Cortez Lovera coordinó con Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito, entonces presidida por Katherine Martorell, un evento en el que hizo entrega gratuita de vehículos con encargo por robo que habían sido recuperados por las policías y que estaban en poder de ACN.
La actividad fue el inicio de la relación entre Cortez Lovera y Valdés Pinochet. En efecto, la indagatoria apunta a esa cita como el momento exacto en que ambos se conocieron.
El siguiente paso del empresario ocurriría a los pocos días, cuando concertó una reunión con el general a través de otro uniformado: el teniente coronel Ismael Cid Riffo, quien -según la indagatoria- cobró más de $40 millones en coimas: actuó como reclutador de otros uniformados para corromperlos en favor de ACN. La velada se concretaría en un restaurante árabe de avenida Perú, en Recoleta.
Allí Cortez Lovera le entregó a Valdés Pinochet un sobre con $4 millones en efectivo para aumentar, de manera ilegal, los vehículos sacados de circulación. ¿El destino final de los automóviles? El Aparcadero Custodias Nacionales (ACN). Negocio redondo.
Según la investigación, la coima surtió efecto. El 7 de julio de 2020, el mismo Valdés Pinochet y personal a su cargo concurrieron a San Bernardo, supuestamente a controlar carreras clandestinas. Esto último -a juicio de la justicia- fue “una simple excusa” para aumentar el retiro de vehículos.
En efecto, el operativo se hizo entre las 9:00 de la mañana y el mediodía, lugar y hora en el que no existía ningún ‘pique’ ilegal. Todos los automóviles sacados de circulación fueron a parar a ACN, por medio de grúas de la misma empresa.
La integración del oficial de más alto rango en esta organización criminal, el general (r) Manuel Valdés Pinochet, se llevaría a cabo por el poder que representaba debido a los distintos procedimientos que podía adoptar y que favorecían las acciones delictuales de la agrupación: imprevistas toma de alcoholemias con el Senda, fiscalizaciones en días festivos, controles masivos y cortes de tránsito, entre otros, según detalló el Ministerio Público.
En ese sentido, el fiscal Baeza aludió a un hecho ocurrido el 7 de julio de 2020, cuando el general Valdés llegó hasta San Bernardo para “supuestamente a controlar carreras clandestinas de vehículos”, cuando en realidad detrás de ello estaba el objetivo de aumentar el retiro de automóviles para los ilegales y lucrativos fines que perseguían los uniformados.
Según se estableció, los oficiales comenzaron a favorecer a esa compañía para que los vehículos retirados de circulación fueran trasladados con las mismas grúas de la empresa a su aparcadero en San Bernardo, algunos de los cuales incluso fueron rematados.
Ahora, en 2023, se estableció fehacientemente que $4 millones en efectivo fue la coima que recibió el entonces general Valdés Pinochet a cambio de sacar de circulación automóviles para favorecer a ACN. Los hechos constan en una reciente condena en procedimiento abreviado en el que el exuniformado aceptó la acusación del Ministerio Público representado por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.
Asiduo de matinales y medios de comunicación, Valdés Pinochet llegó a erigirse como un importante funcionario de la institución, en su calidad de jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial. Una repartición clave en materia de fiscalización del transporte terrestre, de la que dependen una media docena de tenencias carreteras y comisarías de tránsito y motorizadas de la Región Metropolitana.
En vista de estos antecedentes, la jueza Carolina Gajardo Benítez, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, condenó a Valdés Pinochet, en procedimiento abreviado, a 3 años y 189 días por el delito de cohecho.
Además, le impuso una multa de $8 millones, el doble de lo recibido por ACN, monto que podrá pagar en módicas 10 cuotas, a contar de abril de este año. También fue sentenciado a 541 días por el delito de asociación ilícita.
Los castigos, en todo caso, podrá cumplirlos bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, al reunir los requisitos legales para ello.
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