La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 militares en retiro, entre ellos el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su responsabilidad en los homicidios de quince personas que se encontraban detenidas en la Cárcel Pública de La Serena y una en el Regimiento de la misma ciudad.
En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj– modificó la sentencia de base, dictada por el ministro Mario Carroza, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos.
Además, el tribunal confirmó la resolución en la parte que condenó a Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González a 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Óscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.
Las víctimas de la Caravana de la Muerte en la ciudad de La Serena fueron: Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.
Todos ellos tenían entre 21 y 48 años de edad. Eran profesores, médicos, obreros, campesinos y agricultores.
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Recordemos que esta misma semana, Cheyre quedó en prisión preventiva, pero por una medida cautelar ordenada por la ministra en visita Romy Rutherford, en el marco de la investigación del millonario fraude en el Ejército.
En específico, la ministra procesó al ex comandante en jefe por la utilización irregular $128 millones. Y además de la privativa de libertad, ordenó el embargo de bienes de Cheyre por un total de $140 millones.
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