En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado chileno indemnizar con $600 millones a cuatro hermanos de Edwin Ricardo Mancilla Hess, ejecutado durante la dictadura en el contexto del “Episodio Copiapó” de la Caravana de la Muerte. Este nuevo veredicto revoca la decisión inicial del Décimo Juzgado Civil de Santiago, que había rechazado la demanda interpuesta por los familiares.
Responsabilidad estatal y daño moral
La decisión se fundamenta en la existencia de una condena penal previa y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en el crimen. Según el fallo, “tanto la ocurrencia del hecho ilícito que motiva esta demanda de indemnización de perjuicios como la responsabilidad del Fisco de Chile resultan plenamente acreditadas”.
Para la Corte, la ejecución de la víctima bajo las órdenes de la Caravana de la Muerte generó un impacto devastador en sus familiares, justificando la compensación económica. “La muerte de un joven en tal abyecta circunstancia es un acontecimiento que tiene la aptitud de provocar sufrimiento y tormento a todo su entorno, y en particular su familia cercana”, señala la resolución.
Además, la Corte establece que el dolor experimentado por los demandantes es un daño moral presumible, dado el vínculo directo y la corta edad de los hermanos en el momento de los hechos. “En base al principio de buena fe y a la consideración de lo que resulta normal a los seres humanos que viven en sociedad”, este sufrimiento es considerado como una consecuencia directa del crimen.
El principio de igualdad ante la ley
Uno de los argumentos centrales de la resolución es la aplicación del principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 de la Constitución chilena. En este contexto, la Corte recordó que otro hermano de la víctima ya había sido indemnizado con $150 millones en un fallo anterior. “Resulta del todo injusto e improcedente resolver de forma distinta respecto de los otros hermanos”, concluye el fallo.
El tribunal determinó que cada uno de los cuatro hermanos recibirá $150 millones por concepto de daño moral, sumando un total de $600 millones. Esta decisión no solo reafirma la responsabilidad del Estado en estos crímenes, sino que también destaca la persistencia de los familiares en su búsqueda de justicia.
Un capítulo oscuro de la dictadura
El “Episodio Copiapó” forma parte de la Caravana de la Muerte, un operativo represivo desplegado en diversas ciudades de Chile tras el golpe militar de 1973. Bajo el mando del general Sergio Arellano Stark, la caravana dejó una estela de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, marcando uno de los capítulos más atroces de la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque este fallo representa un avance en la reparación a las víctimas, sigue siendo una evidencia del largo camino que muchas familias deben recorrer para obtener justicia en un país donde las heridas de la dictadura aún no han sanado por completo.