¡Cárcel para Piñera! El prontuario de 38 cargos contra el peor Presidente de la historia de Chile

Autor: Jorge Molina Araneda

He aquí el vasto y delictivo prontuario de un hombre sediento de sangre, poder y dinero que durante décadas ha hecho de la codicia y el delito su modus vivendi. Este hombre llamado Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique pasará a la historia como el peor Presidente de la historia de Chile.

1) EnjoyGate: la periodista Alejandra Matus reveló que en enero de 2021 el mandatario firmó un decreto que habría beneficiado al casino Enjoy, al prorrogarle de forma extraordinaria, más allá de lo contemplado por la ley, el plazo para poner en funcionamiento cuatro casinos para los que la Superintendencia le había otorgado los permisos de operación en 2018. La decisión se habría justificado por las dificultades causadas por la pandemia, pero la investigación de Matus ha revelado que la cadena de casinos arrastraba problemas financieros desde antes. El decreto habría permitido que la cadena «se mantenga a flote, a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017”. Ahora surgen cuestionamientos en relación con las empresas BTG Pactual y Moneda Asset, las cuales administran la fortuna de Piñera. Está acreditado que el presidente y su familia tienen intereses en estas empresas y está acreditado que estas empresas han invertido en Enjoy. Lo único que falta por establecer es si los fondos específicos involucrados son los del presidente o no.

2) Pandora Papers: Sebastián Piñera y su familia realizó en Islas Vírgenes Británicas (BVI) la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años, el empresario Carlos Alberto Délano, según reveló la investigación que surgió de los denominados «Pandora Papers». El mandatario y su familia fueron en el pasado los mayores accionistas del proyecto minero con el 33 por ciento de sus acciones, las que sumadas a las de Délano tenían el dominio del 56 por ciento de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En diciembre de 2010, el fundador de la empresa Penta compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga. Según la investigación periodística, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. El pago se efectuaría en tres cuotas. La primera vencía el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar 21 millones de dólares el 18 de enero. La tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares sería pagada a más tardar el 31 de diciembre de 2011. «Sin embargo, -explica la investigación- ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero«. En concreto, «el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia«.

De esa forma, la transacción final dependía directamente de las decisiones que tomara el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, el mandatario sorprendió al anunciar que se suspendería la construcción de Barrancones, como pedían los defensores medioambientales. En esa oportunidad, Piñera anunciaba a Chile que «he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza«. Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de La Higuera, al igual que Dominga, pero en ese momento nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona. Cuando se supo, se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que entre otras cosas concluyó que la información recabada, en particular desde el Servicio de Impuestos Internos, “permite, a lo menos, presumir que el ex Presidente buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. Finalmente, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

3) Proyecto Imán: un reportaje de Ciper reveló que, en el mismo periodo en que se selló la polémica compraventa de Dominga, a mediados de 2010, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia del mandatario, inició las negociaciones para adquirir un proyecto minero de hierro y escandio al sur de Vallenar, por el que finalmente se pagaron US$ 13 millones. El tema es que, de acuerdo a la investigación, en esas mismas fechas el dueño de las pertenencias -Arnaldo del Campo- había sido nombrado por el mismo presidente como su representante en el directorio de Enami. Frente a esta situación el máximo ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, y quien participó en la negociación de esta última iniciativa, dijo al medio que “no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés”.

Cabe mencionar que los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo, donde tenían como socios a la familia de Carlos Délano, ambos involucrados en Pandora Papers.

Los proyectos Dominga e Imán se realizaron bajo los fondos de inversiones de los Piñera y Délano, la sociedad Minería Activa, levantada por Larraín Vial.

De acuerdo a Ciper, el 31 de enero de 2011 se firmó el contrato de opción de compraventa de las concesiones mineras del proyecto Imán. En este primer documento legal aparecen dos sociedades compradoras que luego saldrían del negocio: Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Rucapangui, ambas ligadas al grupo de inversionistas liderados por los Délano y los Piñera, y que eran las mismas que utilizaron para concretar el negocio de Minera Dominga. La sociedad vendedora de las concesiones mineras era Huentelauquén S.A., de los abogados de Arnaldo Del Campo.

En esa promesa de compraventa figuran Juan Cristóbal Jaramillo, como representante de Huentelauquén; Pedro Ducci (ejecutivo de confianza de los Délano) y Pablo Délano Méndez (hijo de Carlos Délano), como representantes del Fondo de Inversión Privado Rucapangui; y Nicolás Noguera Correa (ejecutivo de confianza de los Piñera) y Juan Paulo Bambach, en representación de Minería Activa Uno Spa.

4) Triangulación de AFP Hábitat: Piñera tiene parte de su fideicomiso ciego en un fondo de Moneda, que a su vez invierte en ILC, que participa en la propiedad de AFP Habitat. Esta última, al mismo tiempo, invertiría en fondos de Moneda. Asimismo, según se lee en la página web de FyF, Lorenzini acusa tres triangulaciones -una de ellas de la AFP Habitat y Moneda Asset Management- y otras dos que involucran no solo al Presidente Piñera sino a su hermano José -con Génesis- y al mayor de sus hijos, Sebastián, con Volcom.

5) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): a dos meses del inicio de la pandemia, el gobierno respiraba aliviado pues había conseguido que se aprobara un Ingreso Familiar de Emergencia que era una burla para una sociedad enferma, sin trabajo, encerrada y expuesta a la precariedad.

En esa sesión del 13 de mayo del 2020, el Senado terminó aprobando el veto presidencial que reponía los montos originales del subsidio estatal. El proyecto quedaba en condiciones de ser promulgado pese a la insistencia de la oposición, que continuó advirtiendo que el dinero no era suficiente. El momento quedó inmortalizado en una fotografía: el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y su par de Hacienda, Ignacio Briones, celebraron su recién aprobado IFE de $65 mil pesos con un choque de brazos. Con el pasar del tiempo, el monto, que se extendería por tres meses en una escala decreciente que lo bajaría a $55 mil y luego a $48 mil, probaría ser una ayuda miserable e insuficiente para paliar los catastróficos efectos en las familias chilenas de una crisis sanitaria que se extendería por más de dos años y cobraría más de 40 mil vidas. Nada que celebrar en esa aprobación.

Ese primer IFE fue el primero de varios puntos críticos para el gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia, ya que pese a su exitosa estrategia de vacunación masiva contra el Covid-19, será también recordado por momentos como los presuntos escándalos de corrupción en licitaciones públicas y la manipulación de cifras para esconder la cantidad real de fallecidos en el país.

6) Irregularidades en Espacio Riesco, residencias sanitarias y cajas de alimentos: a fines de marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, el gobierno confirmó que arrendaría el reconocido centro de eventos Espacio Riesco para su habilitación como recinto hospitalario.

La elección del recinto generó suspicacias, no solo por su perfil poco ligado al área de la salud, sino que también porque se realizó mediante un contrato directo con el Estado, sin un proceso licitación de por medio. Esas sospechas no tardarían en ser confirmadas.

El Ejecutivo informó que Espacio Riesco costaría cerca de $17 millones mensuales y, para generar confianza, el presidente Piñera incluso aseguró que el gasto sería “menos que lo que cuesta un parlamentario”. Los datos del gobierno serían acertados, con excepción de un detalle: el gasto no fue de $17 millones por mes, sino que por día.

A fines del año pasado, la deuda que debía pagar el Estado por los cuatro meses de uso de Espacio Riesco era de aproximadamente $2 mil millones. Además, Contraloría detectó irregularidades en los contratos firmados por la Subsecretaria de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, como, por ejemplo, el mismo servicio cobrado dos veces.

Este tipo de situaciones se repitieron en otros gastos de recursos fiscales. El órgano fiscalizador también detectó irregularidades en el arriendo de residencias sanitarias por parte del subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, actual convencional constituyente.

Se descubrió, por ejemplo, el arriendo de recintos vinculados a un funcionario del Ministerio de Salud o al subsecretario de Obras Públicas Cristóbal Leturia. Contraloría también detecto irregularidades en la contratación de al menos otras cinco residencias sanitarias.

Como si fuera poco, también hubo irregularidades en el programa Alimentos para Chile, donde el gobierno compró cajas de alimentos para repartirlas a la población. Estas fueron compradas a sobreprecios en 15 de las 16 regiones del territorio nacional, en tratos directos y con proveedores creados recientemente o ligados a otros rubros, pero que habían cambiado su giro hace poco.

7) La manipulación de las cifras de muertos por la pandemia de Covid-19: otro cuestionamiento al manejo de la pandemia por parte de La Moneda fue la opaca información que entregaba el Ministerio de Salud (Minsal) cuando Jaime Mañalich estaba al frente. En abril de 2020, fuentes al interior del Minsal cuestionaban al ministro por no compartir los datos y lo acusaban de estar ocultando deliberadamente la información.

“El ministro elige lo que se publica y lo que no, y ese ha sido un problema muy grave desde el principio de la pandemia, porque mucha gente quiere saber los datos actuales, y qué datos se pueden necesitar, por ejemplo, para efectos del modelamiento matemático. Y en ese sentido hay elementos que se están ocultando deliberadamente”, decía una fuente, según reveló El Mostrador.

En mayo de ese año, la periodista Alejandra Matus cuestionó los datos entregados por el Minsal, los que no cuadraban con la información del Registro Civil. Entre el 3 de marzo y el 29 de abril de 2020 murieron 4.201 personas por “enfermedad respiratoria”, mientras que el gobierno afirmaba que solo habían fallecido 209 por Covid-19.

En ese momento, el ministro calificó de “fake news” la información difundida por la periodista. Sin embargo, seis meses después, el Minsal reconoció que reportaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una cifra de fallecidos mucho mayor que la informada a la opinión pública.

Según pudo constatar Ciper, el Departamento de Estadísticas (DEIS) sigue el criterio establecido por la OMS, que contabiliza las muertes no solo las de los pacientes con PCR positivo, sino que también aquellos catalogados como sospechosos o atribuibles a Covid, por lo que la cifra podía fácilmente duplicar a las que se reportaban diariamente por los medios de comunicación.

8) Viaje a Cúcuta (origen de la crisis migratoria): “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”, fue la frase de Sebastián Piñera en una entrevista a Deutsche Welle, a solo cuatro días de haber asumido su segundo mandato.

Era marzo de 2018 y Piñera era visto como uno de los mandatarios más importantes de la región y considerado como “un refuerzo por los gobiernos latinoamericanos críticos con Nicolás Maduro”.

En el horizonte estaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambas a realizarse los últimos meses de 2019.

Pero antes, apareció otro escenario ideal para que Piñera se alzara como figura gravitante en la política exterior. Se trataba del viaje a Cúcuta que tuvo como objetivo derrocar a Maduro y darle el apoyo al autodenominado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, todo bajo el manto de la “ayuda humanitaria” que Maduro no había solicitado.

“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo”, declaró en esa oportunidad Piñera en la frontera de Colombia con Venezuela.

Pero todo su plan de posicionamiento se derrumbó. Primero por el fracaso de la operación para sacar a Maduro y luego por el estallido social de 2019 que obligó a suspender la APEC y la COP25, además de olvidarse completamente de su programa de gobierno.

En dos años, Piñera pasó de ser un mandatario reconocido en el continente, a tener solo 6% de aprobación en enero de 2020, el más bajo de la región. Su popularidad era incluso más baja que la de Fernando de la Rúa, presidente de Argentina que en 2001 huyó en helicóptero desde la Casa Rosada tras la mayor crisis social y económica en décadas.

El viaje a Cúcuta le explotaría a Piñera un año después a raíz de la crisis migratoria en el norte de Chile, donde la oposición le recordó su frase: “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”.

Pese a que la crisis migratoria en Venezuela no es culpa de Piñera, la oposición le cuestionó que casi tres años después de que le abriera los brazos a los migrantes, los expulsara en plena crisis sanitaria ocupando aviones de la FACh.

Cabe recordar que también expulsó extranjeros subiéndolos a aviones de Sky Airline, luego de firmar un contrato por $1.500 millones para que se realizaran al menos 15 vuelos de estas características.

Aunque el problema con las migraciones se concentró mayoritariamente en Colchane, la crisis golpeó a un gobierno que venía de salida y daba señales de no tener mucho interés en solucionar el problema. Por lo menos así quedó de manifiesto cuando, en plena crisis, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, debió hacer frente al problema prácticamente solo, ya que Piñera y sus principales ministros, como Jaime Bellolio, Juan José Ossa, estaban de vacaciones.

Respecto al canciller Andrés Allamand, solo regresó a Chile para anunciar su renuncia, después de estar meses fuera del país.

Antes de su salida oficial del gobierno, el diputado y exPresidente del Senado, Iván Flores, señaló que ofició a la Contraloría y a la propia Cancillería, “para que den una explicación oficial de porque nuestro Canciller desde noviembre no pisa suelo chileno”.

Aunque La Moneda evitó referirse al tiempo que estuvo ausente Allamand, el diputado del PS, Jaime Naranjo, afirmó que “como comisión de RR.EE lo invitamos en diciembre y enero y se excusó por estar fuera del país. Para serle franco, no se cuanto tiempo lleva fuera de Chile”.

9) Amarrar la Ley de Patrimonio antes de dejar La Moneda: la denuncia fue realizada por el Frente por el Patrimonio, movimiento que agrupa a una serie de sociedades civiles que buscan defender el patrimonio material e inmaterial de los pueblos.

Desde la agrupación afirman que en junio de 2019 el Ejecutivo envió el proyecto de ley y en marzo del año pasado ingresó una indicación, sin consultarles previamente ni con participación de las comunidades locales, pueblos, cultores y los sujetos y actores sociales del patrimonio en toda su diversidad.

Asimismo, señalan que la iniciativa legislativa pasó por encima de las exigencias y obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto a cumplir con las normas vigentes del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, en particular el Convenio N°169 de la OIT sobre Consulta Indígena y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas.

En enero pasado denunciaron que el informe técnico que se envió a la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, fue realizado por el propio Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este documento sirvió de base para que el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda Errázuriz, señalaran que debido al carácter general de la ley, no haría necesaria la consulta indígena.

“Los parlamentarios de la Comisión de Cultura, sobre la base del informe técnico que entregó el experto asesor en legislación internacional de la Biblioteca Nacional del Congreso, exigieron al Ejecutivo la realización de la consulta indígena, a lo que el gobierno se negó”, afirma la carta de Frente por el Patrimonio.

En esa oportunidad, acusaron que en plena discusión en la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, se ingresaron indicaciones como una “maniobra y operación política de amarre de último minuto. El Ejecutivo representado por el Subsecretario de la Presidencia, el subsecretario del Patrimonio en complicidad con el diputado Luciano Cruz Coke, ex Ministro de Cultura del primer gobierno de Piñera, sobre la base de colocar urgencia de ‘discusión inmediata’ al proyecto, mediante oficio de la Mesa de la Cámara, lograron ‘sacarlo reglamentariamente por secretaría’ a la Comisión de Hacienda de dicha Corporación”, afirman.

Finalmente el proyecto se envió sin el informe que debía incluir la discusión, propuesta y opiniones de las organizaciones del patrimonio, realizadas al interior de la Comisión de Cultura, las que mayoritariamente, según señalan, se oponían al proyecto por las razones anteriormente señaladas.

10) Aprobación de la central termoeléctrica Los Rulos: en total son US$3.649 millones los que el comité de ministros aprobó en medio de duras críticas. En aquella sesión se dio luz verde a los proyectos de central de ciclo combinado Los Rulos de Cerro el Plomo S.A. (US$594 millones) y el Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco S.A. (US$527 millones). Todo, en reunión de los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Agricultura y Minería, donde originalmente sólo se discutiría la expansión del Ferrocarril metropolitano pero, a solicitud del ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, se sumó además a estos cuestionados proyectos.

11) Licitación del litio: pese a que es un recurso natural estratégico, Sebastián Piñera ha querido amarrar la licitación antes de dejar La Moneda, al punto que ni el Congreso tuvo acceso a toda la información. Aunque la Comisión de Minería y Energía del Senado pidió en octubre pasado las bases de licitación, desde el Ejecutivo respondieron que solo se entregarán “una vez que el proceso finalice con la respectiva adjudicación”, contraviniendo el derecho que tiene el Poder Legislativo a saber, más cuando se trata de un tema tan relevante como es el litio.

Debido a que el litio es un recurso natural estratégico y donde Chile tiene el 44% de las reservas del mineral a nivel mundial, la decisión del Ejecutivo ha generado cuestionamientos y suspicacias debido a que algunos consideran poco apropiado que un gobierno saliente ceda los derechos de tan importante recurso. A raíz de lo estratégico del litio y la poca información disponible del proceso, el 13 de octubre del año pasado la Comisión de Minería y Energía del Senado ofició al Ministerio de Minería y Energía para que entregara antecedentes de la licitación.

“Lo curioso es que no se establece localización, no se establece las tecnologías ambientales que se van a utilizar. No se dice en qué salar se va a instalar la explotación”, señaló en esa oportunidad la senadora Yasna Provoste.

12) Violación de convenio internacional con el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Eso establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y que el Estado de Excepción decretado en la Macrozona Sur por el Gobierno de Sebastián Piñera estaría violando.

Así lo afirma la abogada y activista por la defensa de los Derechos Humanos, Grace Schmidt, quien considera que la militarización de la Macrozona Sur es una violación a los derechos fundamentales.

“El Convenio 169 de la OIT establece que cualquier tipo de medida, ya sea administrativa o legislativa, que afecte a pueblos originarios y en este caso al pueblo mapuche, tiene que ser consultado con las comunidades”, señaló la abogada.

Esta consulta nunca existió. La única que se realizó fue la llevada a cabo por el Gobernador Regional y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía para “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía” sobre la extensión del Estado de Emergencia.

La consulta ha sido abiertamente cuestionada, debido a que solo incluyó a las comunas de la IX Región y podían participar solo las personas que contaran con conexión a Internet. Esto último es relevante ya que según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, La Araucanía es una de las regiones con menor acceso a Internet.

13) Contrato entre La Moneda y Cadem para estudio estratégico durante período electoral: el sitio Interferencia.cl dio a conocer un contrato por trato directo entre el ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la empresa de estudios de opinión pública y marketing Cadem para realizar un “estudio estratégico cuantitativo” para la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom).

El contrato, realizado el 20 de octubre de 2021 fue aprobado por el organismo de comunicación de La Moneda, tiene como objetivo “conocer las potenciales tendencias, conflictos y escenarios de la población por un monto de $24 millones”.

En el reportaje del medio de investigación se da cuenta de que la administración de Sebastián Piñera ya ha contratado en varias ocasiones a la empresa de estudios de opinión pública, como es el caso de la Segegob, Senda y Junji, desembolsando un total de $309 millones.

En el mismo reportaje se hace mención de que Cadem ha sido señalada como la empresa “favorita del gobierno de Piñera” a la hora de realizar estudios de opinión pública.

Durante el año 2018 fue contratada por el gobierno por un monto de $956 millones, superando a otras empresas de opinión pública según un artículo de La Segunda, indica el reportaje.

También recuerda que la empresa accedió a información de millones de usuarios de telefonía celular “gracias a una contratación en la que Subtel encargó a Cadem encuestas de satisfacción por servicios de telefonía, lo que significó el traspaso de numerosa información a la empresa de opinión pública”.

14) Pago anticipado salva a los Piñera Morel de la quiebra de Latam: en marzo de 2020, cuando las líneas aéreas sufrían por la cancelación de vuelos, la familia Cueto y controladora de la compañía aérea pagó una millonaria deuda que mantenía con Inversiones Odisea Limitada, empresa de los hijos del mandatario. Una de las razones para este pago anticipado habría sido la solicitud de rescate financiero que realizó meses después al Estado chileno.

El anuncio de la quiebra de Latam Airlines ha generado ruido en el mundo bursátil. La compañía llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores como una forma de allanar el camino y así la aerolínea pueda reducir su deuda para salir del Chapter 11 de la Ley de Bancarrota estadounidense a la que se acogió a comienzos de 2020.

Sin embargo, el acuerdo ha generado molestia entre los accionistas minoritarios, ya que solo beneficia a los mayoritarios, dejando a la deriva y con pérdidas a los que tienen menor participación. Entre las afectadas se encuentran las AFP. Esto porque las administradoras de fondos de pensiones tienen invertido el dinero en distintas empresas, entre ellas, Latam. Se estima que la aerolínea le debe cerca de 500 millones de dólares a las AFP.

Pero no todos salieron trasquilados con la quiebra de la aerolínea internacional, entre ellos los hijos del Presidente, Sebastián Piñera. Esto porque justo antes de que Latam se acogiera a la ley de quiebras en Estados Unidos, Costa Verde Aeronáutica S.A. -a través de la cual la familia Cueto controla la compañía-, realizó un millonario y oportuno pago para saldar una deuda que mantenía con Inversiones Odisea Limitada, empresa perteneciente a los cuatro hijos de Piñera. Desde el 2016 que los Cueto mantenían un crédito de 40 millones de dólares otorgado por la empresa de los hijos del mandatario. Pese a que no había obligación de pagar esa deuda en ese momento, de todas formas se realizó.

Teniendo en cuenta de que el transporte aéreo fue una de las áreas más golpeadas por la pandemia, pagar un crédito por adelantado no resulta muy conveniente menos en marzo, mes que comenzaron las restricciones de vuelos internacionales producto del coronavirus.

Según señaló El Mostrador en su momento, una de las razones para realizar este pago anticipado se debe a que era una forma de reducir las críticas que podrían venir cuando la compañía solicitara el rescate financiero por parte del Estado chileno, administrado nada menos que por Piñera.

Cabe recordar que el mismo día en que el gobierno decretaba el Estado de Excepción por la pandemia, Latam le rebajaba en un 50% el sueldo a todos sus trabajadores por un periodo de tres meses. La rebaja se dio incluso antes de que la empresa se viera afectada por la pandemia y pasando por encima de todos los contratos colectivos de los sindicatos. En abril de ese año, mientras los trabajadores estaban con la mitad de su sueldo, la compañía acordó la repartición de US$57 millones entre los accionistas.

15) Violaciones a los Derechos Humanos: El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes), y 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó en dicho periodo 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado; 195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. La Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.

El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

Asimismo, el gobierno realizó diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. A fines de julio de este 2020, Sebastián Piñera indultó a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.

Además, queda el asesinato por la espalda del joven comunero Mapuche Camilo Catrillanca, cometido el 14 de noviembre del 2018 por agentes represores estatales del GOPE de Carabineros. También, sin que aún sean condenados y favorecidos con cambios de medidas cautelares y múltiples suspensiones de juicio, están los agentes que fueron parte de la “Operación Huracán”, involucrados en diversos montajes de inteligencia de Carabineros para inculpar a numerosas personas Mapuche, siendo la antesala a otro plan que no alcanzó a concretarse y de características transfronterizas: “Operación Andes”.

16) Banco de Talca: en la investigación del Caso Banco de Talca los tribunales pudieron establecer que el Banco –en esa época- tenía prestado más de US$200 millones a empresas relacionadas. Había quintuplicado su capital y reservas cuando la ley tenía como límite máximo el 25% del capital de la entidad bancaria. El banco tenía una serie de sociedades relacionadas y –según la información judicial- no necesariamente tenían existencia legal y los controladores y ejecutivos del banco otorgaron créditos a estas sociedades inexistentes sin ningún tipo de garantía. En el proceso se logró establecer que los involucrados, desde su posición privilegiada en el banco otorgaban créditos a estas empresas que tenía como fin comprar acciones del propio banco.

Este novedoso “modelo de negocio de capitalización” que usaba la triangulación de fondos había sido ideado por la empresa Infinco de propiedad de Sebastián Piñera y otros “expertos” que tomaron la asesoría del Banco de Talca en 1978. El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como uno de sus peores días de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la acción de tribunales y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la ministra de la dictadura Mónica Madariaga.

17) Caso Cascadas: Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.

18) Caso Chispas: también llamado ‘el negocio del siglo’, fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la ‘era Pinochet’. Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de US$ 75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de US$ 400 millones.

19) Chiloé y el Caso Tantauco: en el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche y Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera. Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”. La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.

Piñera adquirió a fines de 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas; son las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos. La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio Estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al Estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del especulador Piñera con títulos superpuestos. El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al Estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).

20) Colusión LAN Cargo: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera con UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.

21) Caso Penta: el año 2009 mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.

22) Caso SQM: el jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 110 millones en total que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp, emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada a Piñera,que señaló que los servicios y asesorías sí se habían realizado.

23) Triangulaciones en CHV: en 2009 cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto. Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich y Aguas Andinas. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.

24) Aportes ilegales del Grupo Said: una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades de Piñera: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport, los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

25) Forwards con Bancorp: según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre de 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta. Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Incluso, un reportaje de Ciper mencionó que era conocido como el “ministro de Hacienda de la campaña”.

26) Milicogate: el primer gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía (…) La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.

27) Sociedades truchas en Panamá: Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de los años 80 del siglo XX que aún se mantienen vigentes.

28) Autopréstamos para evadir impuestos: Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional (RN). Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo especulador. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

29) Coimas en LAN: luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción exministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que sí se había reunido con él.

30) Corrupto en Transparencia Internacional: en el Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció el nombre de Sebastián Piñera por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.

31) Boletas falsas de sus hijos: Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano de Piñera: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta, Carlos Alberto Délano.

32) Hacer negocios utilizando información privilegiada mientras era Presidente: Sebastián Piñera, en su primer mandato presidencial, compró acciones de una empresa pesquera peruana beneficiada por el fallo de La Haya. La BBC Mundo informó: “Apenas comenzaba a vislumbrarse como la carta más segura de la centroderecha chilena para las presidenciales 2018 cuando comenzaron los problemas en su incipiente candidatura”. Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014, debió salir a dar explicaciones de por qué la matriz de su holding de inversiones, Bancard, invirtió en una compañía pesquera peruana. Según datos contenidos en sus memorias anuales, Exalmar es la cuarta productora de harina de pescado de Perú, país que a su vez es el primer productor y exportador de la materia prima. La matriz de Piñera cuenta con un 9,10% de la propiedad, siendo el segundo accionista más importante de la pesquera, según consta en las declaraciones financieras de Exalmar.

33) Esconder su fortuna en Paraísos Fiscales: el diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment. Esto debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones de Piñera en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado. El parlamentario recordó que el exprecandidato presidencial de la UDI y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.

34) Caso Exalmar: luego de 3 meses sin entregar los correos que le pedía la Fiscalía, y tras ser citado a declarar en calidad de imputado, Radio Biobío reveló la existencia de un correo que demuestra que Sebastián Piñera Morel estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la Empresa Pesquera Exalmar S.A. Negocio que recordemos, Piñera realizó mientras aún era Presidente utilizando información privilegiada y que le reportó millonarias ganancias mientras Chile perdía en La Haya. Como consignó Radio Biobío, el correo electrónico da cuenta del informe respecto del negocio que Cristóbal Silva, analista y asesor de Bancard, entrega a Nicolás Noguera, Carlos Marinetti y Sebastián Piñera hijo. En el texto, Cristóbal Silva entrega los argumentos por los cuales rechaza el, hasta ese momento, eventual negocio. Dice, entre otras cosas, que le parece un negocio estacional, con altos requerimientos de capital de trabajo, expuesto a cambio de regulaciones y al fenómeno del niño.

35) Sobornos de Pesqueras: en el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Biobío, 9 millones de pesos.

36) Caso Terremoto: Sebastián Piñera tenía participación accionaria en una de las empresas que enfrentó problemas por un edificio en calle Amunátegui, tras el gran sismo de 8.8 grados Richter que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. Se trata del edificio Geocentro de calle Amunátegui, que fue construido por Novatec y cuya inmobiliaria fue El Bosque S.A., ambas empresas ligadas a Constructora Aconcagua, empresa en la cual Piñera tenía una antigua inversión. Poseía un 17,8% de la constructora y era el tercer mayor inversionista después de su amigo Andrés Navarro y de Aníbal Montero. Su participación se diluyó cuando Aconcagua se fusionó con SalfaCorp en 2007. Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera poseía un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se informó públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña.

Dentro de la temática y secuelas provocadas por el terremoto encontramos otra arista. A un mes del terremoto, Piñera anunciaba el programa gubernamental Manos a la Obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. En ese plan las tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales, valga la redundancia, necesarios a los municipios. Dentro de aquellas, en dos participaban ministros del gabinete.

Homocentro Sodimac: Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008, Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.

Easy: Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional estuvo ligada al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann.

Construmart: sin lazos conocidos con el gobierno de Piñera.

No obstante lo anterior, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat.

37) Empresas zombies y los impuestos: históricamente ha prometido que va a bajar los impuestos, pero ha dedicado su vida a subirlos, porque creía que era lo que le daba votos y le servía para hacer buenos negocios, como cuando compró las acciones de LAN que tenía la CORFO, bajo el gobierno de Aylwin (período en que él era senador), a cambio de las facilidades que le permitieron la compra, aunque oficialmente decía que lo hacía para “legitimar el modelo”, apoyó con los dóciles votos de su partido político, Renovación Nacional, la reforma tributaria de Aylwin que llevó al incremento del impuesto a las empresas del 10 %, en que lo había dejado la dictadura cívico-militar, a 15 % en 1991. Amén, compró sociedades “zombies” (entidades insolventes que normalmente colapsarían, pero siguen operando debido a la clemencia de los acreedores), con enormes pérdidas tributarias, que imputó a las ganancias de las suyas y así se ahorró (robó) 44 mil millones de pesos en impuestos (US$69.912.190.55).

Durante su mandato presidencial también se subieron los impuestos, en específico, el royalty a la minería. Pero él, cuando subía los tributos en 2010, se llevó a paraísos fiscales en el exterior el producto de las ventas de las acciones, como socio mayoritario de Colo Colo, Chilevisión y LAN, las que implicaban las tres cuartas partes de su patrimonio. Su lema era: Los impuestos se suben a los demás, pero no a mí.

38) Desfalco en Codelco: el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) “perdió” más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado. De acuerdo al economista Julián Alcayaga: “En 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”. Si a esto se le suman los US$ 4.670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.

Ante semejante prontuario, y por respeto a la ciudadanía y a los conceptos de justicia y ética, no queda más que propalar el grito: ¡Cárcel para Piñera!