11 ex militares fueron condenados por el Caso Quemados. El juez Mario Carroza determinó que tres de ellos cumplirán una pena de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y de homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana, quienes fueron rociados con combustible y quemados vivos en la comuna de Estación Central, el 2 de julio de 1986.
A través de una carta escrita desde Montreal (Canadá), Carmen Gloria Quintana reaccionó al fallo entregado por el ministro en visita, quien además condenó a otros ocho uniformados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices.
“Este fallo lo recibo con sentimientos contradictorios, por una parte, con la alegría al saber que finalmente se establece la verdad oficial que desde el principio los testigos y yo declaramos, situación que la dictadura y la derecha trató de ocultar y distorsionar”, afirmó la víctima sobreviviente, quien resultó con el 62% de su cuerpo quemado.
“Por otra parte –continuó Quintana–, a nivel de la Justicia, 32 años después es demasiado tiempo, pues nada podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia y yo, desde el largo y doloroso tratamiento médico que significó más de 40 operaciones, sesiones de rehabilitaciones físicas y psicológicas de años, que implicó en lo personal muchos duelos, aceptar la desfiguración de mi cuerpo y tratar de reconstruir mi vida con 18 años”.
A esto añade el perjuicio moral para ella y su familia, puesto que según describe psicóloga, fueron perseguidos, su hermana encarcelada, también recibieron amenazas de muerte y debieron partir al exilio, para “reconstruir la vida familiar en otro país”, pero “con el costo emocional que implicó para todos, padres separados, familia dispersa entre Chile y Canadá, abuelos que no vieron crecer sus nietos, en fin”.
Respecto de las condenas, Quintana sostuvo que “los militares fueron condenados a bajas penas considerando el horror de lo que cometieron: quemar dos personas vivas. No sé qué pasará, si los militares cumplirán finalmente sus exiguas penas o no”.
En este sentido, emplazó a los jueces que llevan casos de violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet. “Hago un llamado a reflexionar a los jueces y pensar su rol en la impunidad biológica, en el hecho que muchas personas víctimas de la dictadura y familiares de Detenidos Desaparecidos hayan muerto sin respuestas, sin verdad, sin justicia y sin saber aún dónde están sus seres queridos”, expresó.
También cuestionó la separación de poderes en el Estado chileno: “¿es real en nuestro país?, los militares aún se mandan solos y solo ocultan información de las violaciones a los derechos humanos a los tribunales, al Poder Ejecutivo y al Legislativo”, planteó.
Por último, manifestó una crítica a los partidos políticos. A su parecer, “también son responsables con los pactos de impunidad, con el negacionismo, con la instalación del secreto de 50 años que pesa sobre el informe Valech, con los pactos de silencio, que ellos toleran en las Fuerzas Armadas”.