La candidata del PC que en la pasada elección postuló al Consejo Constituyente obteniendo la cuarta mayoría, y al parecer sería una de las nuevas integrantes del Consejo Regional, señaló que las demandas de hace 5 años en el llamado estallido social siguen siendo legítimas y se encuentran plenamente vigentes.
Hizo una relación del momento actual que vive el país con la realidad antes del estallido: “Lo que buscamos el día de hoy siguen siendo las mismas demandas. Y en lo fundamental, nada ha cambiado. En el Consejo Regional deberemos enfocarnos primero en las demandas históricas: salud, educación y vivienda, especialmente considerando que somos la Región con el mayor déficit habitacional de Chile”.
Por ello, plantea que se requiere mayor presencia pública de los consejeros regionales, pues sus decisiones tienen un tremendo impacto en el desarrollo regional, en temas tan importantes como seguridad, cultura, transporte, salud y educación, entre otros. “No podemos considerarnos una sociedad moderna y democrática si seguimos con problemas tan fundamentales y básicos que nos mantienen con tantas frustraciones como sociedad”, señaló.
Indicó que, si bien en la ciudadanía se percibe un desconocimiento de la labor de los integrantes del Consejo Regional, “la campaña ha permitido también instalar las tareas e importancia de este órgano del Estado que acompañará al próximo Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, y la necesaria coordinación con las alcaldías, en este caso con la próxima alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y los próximos alcaldes de Casablanca, Pancho Riquelme, y Pablo Manríquez, en Juan Fernández”.
Con una campaña austera, pero con mucha presencia en calles y barrios, la candidata a Core por Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández, señaló que ha podido evidenciar las diversas problemáticas que aquejan a los habitantes de las comunas que representará. “Por cierto, uno de los problemas más repetidos ha sido el tema de la seguridad y la delincuencia, pero también lo es el aumento de los problemas de salud mental de la población, yo creo producto justamente de un modelo de desarrollo que pone de relieve el éxito basado en la competencia individual por sobre la colaboración para el bienestar y la felicidad de las personas”.
Indicó que en salud y educación urge entregar y gestionar recursos adicionales. No podemos seguir con un Hospital Van Buren colapsado y sin insumos básicos. Los recursos destinados para el año 2025 serán insuficientes y se requerirán nuevos aportes desde el Gobierno Regional y Central. Claramente estamos ante una crisis del sistema y se requiere una nueva forma de financiamiento.
Es una vergüenza lo que vemos año a año en uno de los hospitales más importantes de la Región, y lo que sus trabajadores, trabajadoras, técnicos y los diversos profesionales de la salud deben enfrentar para atender a la enorme población que asiste diariamente.
Hemos visto como su personal hace esfuerzos sobrehumanos para enfrentar día a día la falta de recursos para atender a los pacientes y en las condiciones en que deben trabajar. No podemos seguir tolerando esta situación cuando por otro lado nos enteramos todos los días de nuevos escándalos y mal uso de recursos públicos en universidades privadas, municipios y traspasos de recursos fraudulentos desde el Estado a privados”.
Lo mismo ocurre en educación. “Debemos generar las condiciones, y si es necesario en un trabajo conjunto con el Congreso y los municipios, para hacer posible que la educación pública esté en el nivel que corresponde. Ya no más escuelas que se lluevan o infraestructura que colapse afectando la vida de nuestros estudiantes, baños insalubres o alimentación deficiente. Es algo que afecta también a nuestros profesores y profesoras, quienes deben lidiar con las malas condiciones laborales en su desempeño profesional. En el caso de la Isla Juan Fernández, estamos muy felices que en febrero comience la construcción del nuevo colegio en la Isla, destruido en el tsunami del 2010, pero estaremos pendientes y atentos a que no se atrase en su obra y se cumplan los plazos establecidos”.
De acuerdo con lo indicado por Carolina Fernández, en conectividad tenemos tremendos problemas, no sólo entre barrios y comunas, sino desde los territorios insulares al continente. “Dentro de Valparaíso, hacia Placilla, Laguna Verde o Casablanca, todos los días vemos en las calles a cientos de personas esperando locomoción desde temprano, después de su jornada laboral, porque algunas empresas de locomoción no cumplen con los contratos. Si bien, se han tomado algunas medidas, impulsadas especialmente desde la ciudadanía como la campaña Que Pase la Micro, sigue siendo insuficiente pues se trata de un modelo que requiere mayor intervención desde el Estado y que asegure seguridad y certeza para quienes deben usar el servicio público de transporte, que es la mayoría de la gente”. Para la Isla Juan Fernández, la situación es aún más grave y es urgente revisar la concesión a la empresa que entrega el servicio de traslados de personas y víveres entre la Isla y el continente, por las graves deficiencias que denuncian sus habitantes.
Para el ámbito cultural, señala que quiere ser la voz de ese sector en el Consejo Regional. Por ello, plantea que se debe terminar con el desgaste de las organizaciones sociales y culturales por la falta de un financiamiento estable para funcionar. “La concursabilidad sólo entrega incertidumbre y no permite una proyección en el tiempo. El camino de cómo conseguirlo lo deberán señalar las autoridades legislativas, pero tenemos que empujar para que así suceda y hacer nuestra propia parte desde el próximo Consejo”.
Por ello, señala también que dar como respuesta un “no se puede”, es una inconsistencia cuando existen antecedentes al respecto. “Desde hace muchos años existen organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento directo y estable por parte del Estado, y no quisiera ver en esto los amiguismos o los intereses partidistas. Los fondos del Estado nos pertenecen a todos y todas, y no se puede seguir ahondando en este modelo que pone a competir entre pares a instituciones que realizan un tremendo aporte a la sociedad, como colaboradores de las políticas públicas, y contribuyen por ejemplo a la salud mental de la población, como centros culturales, sociales o sitios de memoria”.
Finalmente, y en el mismo sentido, se refirió a los casos de corrupción en transferencias de fondos públicos. “Los casos como Democracia Viva o Procultura, han generado un tremendo daño a la confianza y la fe pública, y las más perjudicadas han sido las organizaciones que prestan un genuino beneficio al buen vivir de toda la población”.