Comunidades: “Necesitamos una Nueva Ley de Patrimonio que no replique las lógicas de la Constitución del 80”

Este miércoles, se publicó una carta firmada por académicos, artistas, premios nacionales y trabajadores – entre los que destaca Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura; Tita Parra, cantante y compositora; Jorge Sharp , Alcalde Valparaíso; entre otros- que cuestiona a la misiva difundida recientemente por la autodenominada “Comunidad por el Patrimonio de Chile”.

En el texto señalaron, que surgió una duda debido a que los argumentos planteados no se relacionan con lo que tendrá dicho proyecto de ley, si es que es aprobado. Asimismo, cuestionan el proyecto que ha sido elaborado “entre cuatro paredes” y sin la participación de las comunidades que mantienen y protegen el patrimonio.

De la misma forma, revelaron que el proyecto desprotege el patrimonio y la propiedad intelectual. A su vez, se indica que “centraliza y burocratiza” aún más los mecanismo de protección hacia el patrimonio y no fortalece la fiscalización.

Igualmente, indicaron que se impide la organización entre trabajadores públicos del patrimonio y “y crea un organismo totalmente dependiente de los gobiernos, aumentando el riesgo de manipulaciones políticas y de los intereses de turno”.

Además, destacaron que el proyecto de ley es heredero del “espíritu y de las lógicas” de la Constitución redactada en plena dictadura cívico – militar. También se apunta, a que se ha desarrollado con una metodología y ética obsoleta, por lo cual, creen que requiere una nueva redacción.

En relación al proceso de componer la nueva Ley de Patrimonio, sostienen que debe tener como eje central un “profundo respeto hacia los y las cultoras, pueblos originarios, los y las expertas y conocedores”. De igual manera, apuntaron a que la ciudadanía en general debe participar “desde la perspectiva de derechos culturales y territoriales de las comunidades y de su participación en lo que serán los destinos de sus acervos”.

Por otra parte, los autores escribieron que reducir los problemas del patrimonio a un tema financiero, significa “ignorar la complejidad” que presenta. Mientras que el “vincular de forma simplista” la destrucción de monumentos en el contexto del estallido social, denota que el trasfondo existe un respaldo político hacia el actuar del gobierno.

Finalmente,  establecieron que bajo la crisis social e institucional que vive Chile, una Ley de Patrimonio no puede se puede realizar de espalda a las personas y sin una consulta a los pueblos indígenas. Por esto, informaron que no pueden ser parte de la invitación de la “Comunidad por el Patrimonio de Chile”.

Adjuntamos carta completa en el siguiente enlace.