Señor director:
La pandemia llenó de cambios nuestro sistema de salud sexual y salud reproductiva, dejando a un lado muchas atenciones que resultaron en más de una complicación. Lo vivimos hace poco con la entrega de más de 200 mil cajas de Anulette CD defectuosas, provocando embarazos en mujeres que, justamente, habían decidido no embarazarse.
Existen miles de mujeres sin poder acceder a sus métodos anticonceptivos de rutina, ya sea por falta de atención, información, recetas, falta de stock o por un aumento en el precio de estos, lo que ha resultado, en más de una ocasión, en un embarazo no deseado durante este tiempo de confinamiento.
En Chile, tenemos la Ley 21.030 de despenalización del aborto en tres causales, que reduce el acceso a este derecho a un pequeño número de personas y deja a la deriva a cientos de mujeres que se practican abortos en la clandestinidad.
Las mujeres han sido sometidas a políticas estatales insuficientes a la hora de ser reconocidas como sujetas de derecho. A ello, se suma la falta de políticas educativas que incorporen la sexualidad como un elemento fundamental en la vida de las personas.
Hoy, queremos manifestar nuestra preocupación e indignación por la situación que viven las mujeres en República Dominicana, ante la penalización por el aborto en cualquier circunstancia.
Una legislación con esas características y, específicamente, un código penal que establezca esas condiciones, resulta hoy no sólo inaceptable sino, además, contradictorio con las decisiones establecidas en el Consenso de Montevideo, acordado en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo por los gobiernos de América Latina y el Caribe en el marco de la CEPAL, así como con múltiples disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y de protección de la vida y la salud de las mujeres.
La democracia no puede abandonar a las mujeres frente a desafíos que impactan su salud y su vida. Desde Aprofa, nos unimos a la justa lucha que están librando las compañeras quienes, además, cuentan con el apoyo decidido de las organizaciones de mujeres y feministas de toda la región.
Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa (Asociación Chilena de Protección de la Familia).-
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