Continúa el juicio oral contra los tres jóvenes imputados por la colocación de artefactos explosivos en la Región Metropolitana, detonados en comisarías, un vagón del Metro y un centro comercial en el año 2014.
Este lunes se llevaron a cabo los alegatos de apertura. En ellos, el abogado de Juan Flores, quien arriesga una pena de 20 años, reiteró la hipótesis planteada en la etapa de preparación del juicio: que la explosión de la bomba en Escuela Militar fue posible gracias a la intervención de policías.
El defensor penal público Juan Pablo Gómez reconoció que Flores adscribe a ideas anarquistas, pero manifestó que el proceso penal debe castigar acciones y no palabras, de forma tal de evitar lo ocurrido a importantes pensadores como Ghandi y Martin Luther King, tildados alguna vez como «terroristas» por el solo hecho de expresar «ideas contra el sistema».
Asimismo, agregó que el voto femenino y el derecho a huelga fueron posibles gracias al pensamiento anarquista, y que no se puede condenar a una persona por compartir dicha visión.
El abogado manifestó al tribunal que Flores no colocó el dispositivo explosionado en el Subcentro, y que el hecho es atípico a los atentados que han afectado a «centros del poder», como bancos y recintos policiales, atribuidos en el pasado a grupos anarquistas.
Respondiendo a lo señalado por el fiscal Raúl Guzmán respecto a que «Chile cambió» en septiembre de 2014 con el atentado que dejó a civiles heridos en el sector oriente de la capital, Gómez dijo que el país debió «haber cambiado en febrero» del mismo año, cuando se supo que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) infiltraba a movimientos sociales para efectuar ataques incendiarios en La Araucanía.
Esto, en referencia al caso de Raúl Castro Antipán, mapuche confeso de cometer actos ilícitos a petición de uniformados.
Agentes de Estado de «alta jerarquía»
Foto: t13.cl
Gómez habló entonces de una empresa de seguridad que en 2014 habría intentado vender un producto de interceptación telefónica al gobierno, afirmando que la bomba en el Subcentro creó el estado de necesidad propicio para que la administración de Bachelet modificara la Ley Antiterrorista, concretando así la adquisición de la tecnología ofrecida.
El defensor agregó que la firma estaría ligada a agentes de Estado de «alta jerarquía» -cuyos nombres no precisó- que participaron en la investigación del «delito terrorista» imputado por el Ministerio Público a su representado.
En esta línea, el jurista manifestó que el fraude ocurrido en Finanzas, que motivó hace algunos días la formalización de nueve ex efectivos de Carabineros en el mayor caso de corrupción que afecta a esa institución, forma parte del «mismo cáncer que se esconde detrás» del atentado del 8 de septiembre.
Por la inculpada Nataly Casanova alegó el abogado Eduardo Camus, quien negó que la joven fuera la persona registrada en los videos aportados por la Fiscalía como prueba de su presunta participación en el bombazo del metro Los Domínicos. Igualmente, descartó que las tarjetas BIP mencionadas por el fiscal Guzmán como evidencias hayan pertenecido a ésta.
Finalmente, en favor del acusado Enrique Guzmán, Washington Lizana de la Defensoría Popular cuestionó los peritajes de ADN realizados en la causa, afirmando que existen marcadores suficientes para excluirlo como sospechoso de manipular los artefactos.
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