El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por fraude al fisco contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de Las Condes y dos trabajadores de la empresa privada Vulcon Asset Management. El recurso se da en el marco de la investigación que lleva la fiscalía por la fallida construcción de un Cesfam durante la gestión de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), la cual habría generado enormes pérdidas para el municipio.
La querella presentada por el CDE apunta contra Ricardo Gutiérrez Lafrentz, exsecretario general de la Corporación de Educación; Alejandro Contreras Morales, exsecretario de Planificación; y Héctor Navarrete Aris, exdirector jurídico. Por el lado de Vulcon, el organismo acusa a los representantes legales Travisany Santos y Paul Capdeville Castro.
Además, el CDE se querelló contra los abogados Luis Espinoza Novoa y Eduardo López Arriagada por el delito de uso malicioso de instrumento público.
La querella presentada por el CDE da cuenta de una serie de irregularidades en la adquisición de los terrenos donde se planeaba construir el nuevo Cesfam de la comuna: compra de terrenos a valores no justificados, falsificación de decretos municipales y ocultamiento de antecedentes relacionados con el negocio.
Finalmente, el fallido proyecto terminó provocando una pérdida de $15.200 millones para el municipio.
Las declaraciones que complican a Peñaloza
A fines de 2024, el exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, declaró ante la fiscalía que fue la propia alcaldesa Daniela Peñaloza quien insistió en firmar los decretos que permitieron ejecutar la cuestionada compra:
«Yo le sugerí a la alcaldesa no firmarlos, por cuanto desde mi perspectiva no era procedente por el valor del terreno, existiendo a mi parecer lesión enorme en perjuicio de la municipalidad respecto del último terreno», sostuvo López.
Lo anterior fue ratificado por el exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, quien aseguró que «la alcaldesa encargó el proyecto estrella de su administración a quien maneja el área de salud del municipio (Ricardo Gutiérrez) y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales (Alejandro Contreras), personas de su exclusiva confianza».
En abril del año pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía ordenó el levantamiento del secreto bancario de la exalcaldesa Peñaloza, así como el de otras siete personas involucradas en la investigación. Además, pidió acceder y revisar cuentas corrientes de la municipalidad y de la empresa Vulcon Asset Management.