Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) enviaron este jueves un oficio a la Fiscalía de Antofagasta, en el que solicitan acelerar las investigaciones contra la diputada Catalina Pérez, por el Caso Convenios.
La solicitud se presentó luego de que se revelara la declaración del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, el abogado Edson Dettoni.
Según ADN, Dettoni señaló que Pérez sabía de la entrega de recursos fiscales a Democracia Viva por parte de la Seremi de Vivienda de la región, por el monto de $426 millones
Tras sus declaraciones, los diputados firmantes solicitaron que se cite a declarar a Pérez y se inicien formalizaciones por el caso de Democracia Viva.
Los firmantes de este documento —cita el medio— son los diputados Frank Sauerbaum, Marcia Raphael Mora, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Paula Labra, Miguel Becker, Miguel Mellado y Camila Flores.
En el oficio, los parlamentarios resaltan las acciones emprendidas por la Fiscalía para esclarecer los «evidentes hechos de corrupción», no obstante, afirman que falta celeridad en las formalizaciones y en ejecutar medidas cuatelares.
«A pesar de los esfuerzos y de las gestiones que ha desarrollado la Fiscalía para esclarecer los evidentes hechos de corrupción(…) lo cierto es que a la fecha no conocemos de formalizaciones ni de medidas cautelares que afecten a quienes habrían tenido participación punible en los hechos», puntualiza el texto.
«En relación a la diputada por la región, doña Catalina Pérez, resulta evidente la necesidad de requerir su testimonio para el éxito de la investigación, en particular si tenemos a la vista que sus dichos y las declaraciones vertidas en la investigación se contradicen frontalmente», añade el documento.
Por otro lado, también solicitaron al Consejo de Defensa (CDE) a impulsar acciones con el propósito de resguardar el interés fiscal y «requerir el desafuero de aquellos involucrados que gozaren de este privilegio», refiere CNN Chile.
A inicios de mes, se reveló el primer informe elaborado por la Contraloría General de la República sobre el caso Democracia Viva, el cual acredita una serie de irregularidades en el traspaso de $426 millones a la fundación liderada por Daniel Andrade.
El informe fue el resultado de una auditoría que tuvo a funcionarios de la Contraloría revisando carpetas, correos electrónicos y archivadores durante casi tres meses al interior de las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Las conclusiones son tajantes: apuntan a una vulneración del principio de probidad por parte del entonces seremi Carlos Contreras, quien mantenía un vínculo de público conocimiento con Daniel Andrade al momento de la entrega de fondos públicos.
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