Caso de grumete Luciano Fuentes: Padre denuncia «colusión para proteger a instituciones castrenses»

Con molestia reaccionó la familia del grumete Luciano Fuentes Ovalle, quien falleció en extrañas circunstancias al interior de un recinto naval de Isla Quiriquina, tras conocer la respuesta entregada por Carabineros de Chile a una solicitud por Ley de Transparencia que censuró antecedentes relacionados con una denuncia presentada en la unidad de inteligencia de esa institución, a la cual se acusó de realizar seguimientos al padre del joven.

Según la constancia que dejó Luciano Fuentes padre ante la Prefectura del Biobío en mayo de este año, un agente encubierto, haciéndose pasar por un conocido, lo llamó para obtener detalles de una manifestación pacífica a realizarse en Los Ángeles para exigir justicia por su hijo, en el marco de un desfile por el Mes del Mar.

Recordemos que el cuerpo sin vida del muchacho de 19 años fue encontrado al interior de la Escuela de Grumetes «Alejandro Navarrete Cisterna» a mediados de 2015, y pese a que la Fiscalía Local de Talcahuano instruye una causa por posible homicidio, la Armada insiste en que el aspirante se suicidó, ahorcándose en un tendedero de baja altura.

A poco más de un año de la repentina pérdida, El Ciudadano informó los pormenores del reclamo efectuado por papá del angelino, agregando que Carabineros había iniciado una investigación interna para determinar responsabilidades por el aparente procedimiento ilegal de espionaje.

Casi cuatro meses después se ingresó una solicitud formal para que la institución entregara copia del expediente sumarial en cuestión. Sin embargo, de acuerdo al oficio comunicado el día de ayer a este medio por el jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, coronel Pedro Duguett Aroca, el jefe máximo del servicio, Bruno Villalobos, optó por reservar los documentos.

Según la respuesta, ya transmitida a la familia del grumete fallecido, «el señalado reclamo versa sobre materias que conoce la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, que tienen el carácter secreto conforme a lo previsto en la ley 19.974».

Dicho cuerpo legal, agrega el oficial que suscribió el papel, obliga a considerar «de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, información y registros que obran en poder de los organismos que conformen al sistema o de su personal, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos», incluyendo todos los antecedentes «que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas».

En conversación con El Ciudadano, Luciano Fuentes padre no pudo contener su rabia por los argumentos de la carta, sin perjuicio de existir aún la instancia de apelación que ofrece el Consejo para la Transparencia.

«Me parece mal. De verdad siento que las instituciones no funcionan, a pesar de que estamos en plena democracia. Hay una colusión tremenda para proteger a las instituciones castrenses frente a distintos tipos de injusticias, principalmente lo que tiene que ver con la Justicia Militar, donde ellos se protegen y se investigan a ellos mismos. La Justicia Militar no debiera existir en tiempos de paz», señaló.

Respecto a los hostigamientos propios de los tiempos de la CNI que han sido alegados, manifestó que «a mí la Dipolcar de Carabineros de Los Ángeles me perseguía. Cuando un periodista quiere obtener una nota se presenta y habla, pero que a distancia se me fotografíe e intenten saber lo que estoy tratando de hacer con mentiras, como logré descubrir, es algo que uno lamenta. Perder un hijo es lo más terrible, más en las condiciones que nosotros lo entregamos, sano, y finalmente me tocó ir a buscarlo en un cajón.»

Las diversas inconsistencias en la versión proporcionada por la Armada llevaron a la familia de Fuentes a pedir la intervención de la justicia ordinaria, terminando la exclusividad de las diligencias que estaban en manos del fiscal militar Alejandro Henríquez Yévenez, quien también sustanciaba el sumario administrativo. En ese expediente, un testigo denunció la falsificación de su firma.

«Mi declaración en la Fiscalía Administrativa está adulterada. Yo la hice el 25 de mayo y ahí salía que yo la había hecho el 28 de mayo. Estaba casi todo cambiado», manifestó en noviembre del año pasado el ex grumete Felipe Aguayo, convertido ahora en «testigo clave» del caso.

En esa entrevista que El Ciudadano realizó en exclusiva, dando a conocer su identidad por primera vez, Aguayo también declaró: «No fue un suicidio. Los sargentos lo montaron. Eso lo escuché de parte de los instructores en una oficina. Escuché que todo era un montaje porque Luciano se quería escapar de la isla. Ellos usaron su fuerza y a Luciano le dio algo así como un paro. Vieron que Luciano había fallecido y lo fueron a colgar a los tendederos. Se les fue de las manos».