Caso Hermosilla: Exasesora de diputado Mauricio Ojeda, fue la denunciante del abogado del PS

Durante la mañana del pasado jueves, la Fiscalía Oriente ordenó la incautación del celular, computador y pendrives del abogado asesor del PS y representante de los querellantes del Caso Hermosilla, Enrique Aldunate, por presuntamente filtrar información de la causa judicial a una periodista.

Sin embargo, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso al oficio de incautación, en donde se detalla que todo surgió tras la denuncia efectuada por una abogada del estudio jurídico de Aldunate -el 3 de diciembre-, quien señaló que su jefe (Enrique Aldunate) le solicitó que retirase el pendrive que contenía la copia actualizada de la carpeta, correspondiente a la causa formalizada en contra de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, y Luis Angulo.

«La denunciante indica que el imputado le dio instrucciones de coordinar con una persona de su entera confianza a quien debía entregarle el dispositivo con la copia de la carpeta, remitiéndole por whatsapp el contacto de V. (…) quien es periodista del Diario la Tercera», se lee en el documento.

Pero, ¿Quién es la denunciante? Según reveló @BotChecherCL y @aquiradiomoscu a través de sus perfiles de X -y como también confirmó este medio a través de diversas indagaciones-, la denunciante es María Cristina Barrientos, reconocida asesora legislativa del Partido Republicano, y quien también se desempeñó como asesora externa del diputado desaforado por el Caso Fundaciones, Mauricio Ojeda.

Es más, en la página oficial del Congreso, es posible leer el «Informe Asesoría Externa» del 2022, realizado por Barrientos dirigido a Ojeda, y el que trata de un Proyecto de Ley que buscaba reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones.

Tras lo ocurrido, el PS solicitó la renuncia de Aldunate por pérdida de confianza, ya que, «ninguno de los diputados o diputadas ha dado instrucciones a este abogado o ninguna persona de filtrar nada a ningún medio de comunicación«.

«Los querellantes le han revocado el mandato en el caso y nos reservamos el ejercicio de toda clase de acciones judiciales o de otro tipo que procedan para colaborar con la investigación y eventual sanción por estos hechos”, se refirieron a través de un comunicado público, y lo que fue confirmado por el diputado Daniel Manouchehri.