La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó nuevos procesamientos en el “Caso Paine”, esta vez en contra de 9 funcionarios en retiro de Carabineros y el Ejército, por los secuestros calificados de once campesinos, cometidos entre el 13 y el 20 octubre de 1973.
Anteriormente, la ministra condenó al ex dirigente camionero Francisco Luzoro a 20 años de presidio por cuatro delitos de homicidio calificado y uno frustrado en el “Caso Paine”, la primera sentencia contra un civil en un caso de derechos humanos.
Los nuevos procesados por la ministra son los violadores de los derechos humanos Iván de la Fuente Sáez, Francisco José Rojas Martínez, Julio Cerda Carrasco, Alejandro Emilio Valdés Visintainer, Alfonso Faúndez Norambuena, Osvaldo Andrés Magaña Bau, Sergio Heriberto Ávila Quiroga, Óscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado.
La ministra dio por establecido que la madrugada del 13 de octubre de 1973, un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, acompañado de un funcionario policial del retén Pintué de Carabineros y de un civil, realizó allanamientos y detenciones en asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.
En la ocasión, según se detalla, se detuvo a obreros agrícolas que detentaban cargos directivos en los asentamientos, quienes fueron trasladados al campo de prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en donde- se denuncia- «fueron encerrados de manera ilegal y sometidos a interrogatorios y malos tratos”.
La represión no se detuvo ahí, ya que el 20 de octubre un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo llevó a cabo nuevos allanamientos y detenciones selectivas, oportunidad en que condujeron hasta el lugar a los hermanos Juan y Luis Ortiz Acevedo, a quienes mantenían aún bajo su custodia. Se detuvo nuevamente a directivos de asentamientos, siendo también trasladados al Cerro Chena.
“En lugar de ser puestos a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente, los detenidos antes mencionados fueron ejecutados, mediante disparos con armas de fuego y sus cuerpos abandonados”, concluye el fallo.
El Ciudadano
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