Para el 13 de junio, a las 10 horas, quedó programada la audiencia de reformalización y procedimiento abreviado de los cuatro principales imputados en el caso Penta, por el financiamiento irregular de la política.
Así, en la audiencia, fijada por el Octavo Juzgado de Garantía, se hará efectivo el acuerdo logrado por Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Marcos Castro y Pablo Wagner, con la Fiscalía.
En el caso de los controladores de Penta, Délano y Lavín, deberán cumplir con una pena remitida de cuatro años, evitando el juicio oral. Por su parte, el ex subsecretario Wagner será condenado a dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
#CasoPenta: 8° Juzgado de Garantía de #Santiago fijó para el 13 de junio, a las 10:00 hrs, audiencia de reformalización y procedimiento abreviado para los imputados Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Marcos Castro y Pablo Wagner. pic.twitter.com/Pbt5Bf5F3J
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 30, 2018
Recordemos que esta decisión de la Justicia ha sido duramente criticada por distintos sectores sociales y políticos, destacando en este abanico el ex fiscal Carlos Gajardo, quien afirmó que la Fiscalía ha actuado como una «liquidadora».
A través de su Twitter, Gajardo declaró: “Cada día puede ser peor. Para la Fiscalía de Chile condenar por soborno en el Caso Penta era ‘intransable’. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en CNN Chile. Nada ha cambiado desde entonces. Qué triste ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora”.
Recordemos que Gajardo, junto al ex fiscal Pablo Norambuena, renunciaron al Ministerio Público cuando las máximas autoridades de la institución decidieron aceptar el acuerdo con el senador UDI, Iván Moreira, para realizar una suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de $35 millones.
Asimismo, no hay que olvidar que en un comienzo, Délano y Lavín enfrentaron cargos por delitos tributarios y soborno reiterados, arriesgando 10 años de cárcel, más las multas. Pero ahora, los empresarios serían reprochados penalmente por la presentación de “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”, entre otros delitos tributarios, y no por los $42 millones que entregaron entre 2010 y 2012 a Wagner.