Caso Piñera por violación a los DD.HH: Ante riesgo de fuga solicitan a Fiscalía que el mandatario sea formalizado

Durante este miércoles el abogado y académico del Universidad de Chile, Luis Mariano Rendón, solicitó a la Fiscalía de Chile resolver la formalización del presidente Sebastián Piñera. Esto, debido al evidente peligro de fuga que visualiza el abogado querellante del caso, luego de que Piñera deje el cargo.

El abogado pidió la formalización de Piñera  al cumplirse ya más de dos años de investigación de la causa en la que se querelló contra él y Mario Rozas, ex director general de Carabineros, por delitos de tortura cometidos en el contexto de la Revuelta Social. La fiscal que investiga el caso es Ximena Chong, integrante de la división de Delitos de Alta Complejidad.

Rendón señaló a El Ciudadano que la responsabilidad política y penal de Piñera está en «no haber hecho cesar esa práctica de aplicación de castigos en cuanto tuvieron conocimiento de ella».

La formalización es requisito legal para poder solicitar al tribunal medidas cautelares. En tanto, los fundamentos por los que estima el abogado querellante que existe un evidente peligro de fuga son seis.

Seis fundamentos para la fuga

Primero, la gravedad de la pena asignada al delito que se imputa. El delito tiene asignada la pena de presidio mayor en su grado mínimo, lo que implicaría muy probablemente su cumplimiento efectivo, señala en el escrito el abogado.

Segundo, la existencia de otras investigaciones penales en contra de Sebastián Piñera. Estas podrían implicar penas adicionales y falta de atenuantes de irreprochable conducta anterior.

Un ejemplo de lo anterior es la causa abierta por el mismo Rendón en octubre de 2021, que lleva el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la que se acusa el presunto delito de negociación incompatible por parte del mandatario en compraventa de proyecto minero Dominga.

El tercer fundamento que da el abogado y fundador de la agrupación ciudadana Memoria Histórica apela a los cuantiosos recursos económicos del imputado. Sebastián Piñera es un multimillonario reconocido, cuya fortuna en abril de 2021 ascendía a 2.900 millones de dólares según lo publicado por la revista Forbes.

«Con estos recursos podría trasladarse a cualquier lugar del planeta, especialmente a países con los que Chile no tenga tratados de extradición, haciendo muy difícil que pueda ser puesto a disposición de la justicia chilena», señaló Rendón en el escrito.

Cuarto, las declaraciones del propio imputado. En efecto, el mismo imputado ha señalado que tiene invitaciones de muchas universidades del mundo para ser profesor visitante, lo que hace presumir que entre sus planes está abandonar el país con ese u otros pretextos.

Quinto, Rendón fundamentó los antecedentes de fugas anteriores que tiene el mandatario. «El modus operandi del imputado Piñera Echeñique en otras persecuciones criminales que ha enfrentado se caracteriza por rehuir la acción de la justicia, dándose a la fuga. En efecto, en causa rol 99.971-6, seguida ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago por infracción a la Ley General de Bancos y defraudación del Banco de Talca, se decretó orden de aprehensión en su contra con fecha 27 de agosto de 1982″, señala el escrito. Aprehensión que nunca llegó a concretarse debido a su fuga de aquel entonces, de la que dio fe su esposa, Cecila Morel.

Por último, el abogado argumenta el grado de acreditación del ilícito. «Esta parte estima que este se encuentra ya suficientemente acreditado, toda vez que las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía durante el estallido social no constituyeron hechos aislados, sino “conductas repetitivas” y configuraron “patrones de violencia”«, señala el escrito. El abogado puso como ejemplo de esta acreditación el informe sobre “Situación de Derechos Humanos en Chile”, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de enero de 2022.

El escrito establece la responsabilidad de Piñera toda vez que el mando policial no hizo cesar las torturas, ya que llegado a ese punto correspondía que el Presidente de la República lo hiciese, «en uso de sus amplias facultades constitucionales respecto a todo lo relacionado con la mantención del orden público en el territorio de la República», sentencia el documento.

Decretar arraigo nacional se vuelve un menester en este caso debido a las nulas certezas que obligan a Piñera a quedarse en el territorio nacional, pese a que la constitución vigente establece que el presidente de la República tiene prohibido salir del territorio nacional hasta seis meses después de que expira su mandato.

Sin embargo, según explica Rendón, la trampa se encuentra en la cámara baja. «La cámara de diputados puede otorgarle permiso para salir. Entonces no hay ninguna garantía porque perfectamente, de acuerdo a la configuración política que existe hoy, la cámara podría darle permiso a Piñera para salir del país. Por lo tanto, se necesita una medida de carácter judicial», concluyó el querellante.