La Corte Suprema de Chile dio luz verde este lunes al exhorto de la Presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, para investigar la posible participación del Banco de Chile, en el blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes públicos por parte del dictador Augusto Pinochet y su familia.
Esto en el marco de la investigación del Caso Riggs y de laquerella interpuesta por la Fundación Presidente Allende.
De este modo, el máximo tribunal remitió los anteceden al 34° Juzgado del Crimen de Santiago para que se realicen las notificaciones solicitadas.
«Debe ser puesta en conocimiento de los querellados don Pablo Granifo Lavín, así como al Banco de Chile, a Banchile Corredores de Bolsa y a Banchile Administradora General de Fondos, estos últimos como responsables civiles subsidiarios”, expone el documento.
Para validar el dictamen se plantea que “la carta rogatoria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 43 del Código de Procedimiento Penal; así como con las normas del Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre el Reino de España y la República de Chile”.
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El documento también establece las condiciones de la causa. “En lo que interesa al presente exhorto, que en la causa antes dicha tiene calidad de denunciado Pablo Granifo Lavín y, como responsables civiles subsidiarios, el Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A y Banchile Administradora General de Fondos S.A. Expone, asimismo, que la Fundación Presidente Allende es querellante en el proceso y que la acción intentada lo es por los delitos de obstrucción a la justicia, alzamiento de bienes, destrucción de cosas embargadas y blanqueamiento de capitales“, concluye.
Para la justicia española es importante para que el proceso avance que se notifique a los querellados, lo que quedó en manos de la Segunda Sala, a la ingresaron un documento el pasado 2 de agosto, donde se les informó la notificación para la institución financiera.
Caso Riggs
Cabe recordar que España reabrió el caso que se encontraba paralizado desde el 2010, a instancias de la española Fundación Presidente Allende, que representa a víctimas de la cruenta dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990.
El caso contra el Banco de Chile es una arista del llamado Caso Riggs que estalló en 2004. Este se refiere a la malversación de fondos públicos que Pinochet habría ocultado en cuentas bancarias en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.
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La mayor cantidad de realizados a través de la institución financiera, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.
La investigación se centró en fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet y sus asociados, y posteriormente, transferidos a cuentas personales en el extranjero, con el propósito de evadir impuestos y blanquear capitales.
En el proceso en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.
La investigación se centra en fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet sus asociados, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero, con el propósito de evadir impuestos y blanquear capitales.
La corte española detalló que el Banco de Chile tiene que reservar la suma de 103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están demandando. Esta cantidad de dinero se basa en las conclusiones del enjuiciamiento público de 2009 después de investigar el posible lavado de dinero por parte del dictador.
El procedimiento estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos.
Sin embargo, «en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día», reseña la nota.
La referida Sala Pena, integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, decidió reabrir la causa y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década.al Juzgado de Instrucción Número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, «a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía».
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«El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón», señala el diario español.
Asimismo, plantea que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme calado para el Banco de Chile, ya que «el auto de 2009, que de pronto se ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española».
Según ElDiario.es, hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, «cuyo accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo».
Sin embargo, el medio español recuerda que existe un precedente en este caso, ya que el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura con 8 millones de dólares, más intereses de demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.
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