El Consejo de Defensa del Estado se querelló por el millonario fraude realizado a través de cuentas corrientes de funcionarios de Carabineros y pidió que la Brigada de Lavado de Activos de la PDI se involucre en la investigación.
El perjuicio fiscal, que hasta el momento ha sido contabilizado por el Ministerio Público en $8 mil millones, motivó que el ente defensor del pozo de recursos públicos interpusiera una acción legal de 17 páginas para solicitar que las pesquisas determinen el destino de los fondos malversados.
Según publica La Tercera, el CDE identifica como coordinadores del desvío a los coroneles de la Dirección de Finanzas de la policía uniformada Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo y Robinson Carvajal Leiva, y como presuntos beneficiados a los funcionarios Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Ramiro Martínez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas, Francisco Estrada, Juan Pablo Muñoz, Víctor Manuel Escobar, Juan Hernán Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y César Fernández.
Asimismo, la querella identifica la ruta del millonario caudal: «el patrimonio fiscal de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustraídos; el patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son girados en efectivo) y -salvo el monto de ‘comisión’ que quedaba al facilitador- el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de la sustracción y se beneficiaban de los delitos y transferencias”.
Luego de la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que supervisó la indagatoria al descubrirse en dicha jurisdicción el movimiento sospechoso de una de las cuentas de oficiales, que motivó en noviembre del año pasado un aviso de la Unidad de Análisis Financiero, se espera que el caso siga su curso en la Región Metropolitana.
La decisión fue tomada luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declarara ilegal la detención de 17 efectivos para su formalización en el sur austral del país. Esto, ya que debieron haber sido puestos a disposición del tribunal correspondiente al lugar en que fueron aprehendidos, con justificación explícita de su privación de libertad, resolvió la jueza Irene Rodríguez en una audiencia maratónica.
Hasta el momento las diligencias eran realizadas por el OS7 de Carabineros, unidad perteneciente a la misma institución investigada.
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