Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social analizó más de 22 mil manifestaciones entre 2008 y 2020: «Nueva Constitución recoge una década de movilizaciones ambientales y territoriales»

Una amplitud geográfica mayor, la inclusión del sector rural, además de un carácter eminentemente pacífico y un foco preferente en el ámbito regional y local, son los principales rasgos que distinguen a las protestas ambientales y socioterritoriales, cuyas reivindicaciones lograron una influencia significativa en el proceso constituyente. De acuerdo a la investigación del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que realizó una caracterización de la movilización socioterritorial analizando las protestas registradas entre 2008 y 2020, este tipo de manifestaciones se concentraron fuertemente en las regiones de Valparaíso, Aysén, Metropolitana y La Araucanía.

Dicho análisis consideró un total de 22.605 manifestaciones, registradas en el período a partir de notas de prensa, que reclamaban reivindicaciones de distintos tipos. De ellas, 1.737 eventos (7,68%) se consideraron “socioterritoriales”, por su foco ecologista-ambientalista y regionalistas-locales, mientras que las otras, de carácter “general”, apuntaban a demandas educacionales, laborales, de pueblos originarios, feministas, minorías sexuales y políticas, entre otras.

Si bien las protestas socioterritoriales comparten rasgos comunes con las movilizaciones generales, como el distanciamiento de los partidos políticos, presentan una serie de características propias, entre ellas su distribución geográfica y la diversidad de targets o focos de protesta, principalmente gobiernos regionales y locales y empresas. Además, se les considera un componente central de la dinámica social presente en la década entre 2010 y 2020.

Las consignas y causas presentes en el mayor ciclo de protestas, iniciado el día 18 octubre de 2019, incluyeron la protección del medioambiente y la crítica al centralismo, mientras que en el proceso constituyente posterior, marcado por la elección de la Convención Constitucional, al menos 27 convencionales con trayectoria en movilización previa en organizaciones territoriales o ambientales resultaron electos, pudiendo instalar parte de sus demandas en la propuesta de nuevo texto constitucional.

Felipe Irarrázaval, investigador postdoctoral de COES y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontifica Universidad Católica, señala que las condiciones de dicho proceso eleccionario, con una exigencia menor en el número de firmas y un sistema proporcional, posibilitó el ingreso de grupos ajenos a los partidos, entre ellos movimientos ambientales y territoriales.

“Ese eje de movimientos, que ya venía articulado, llega bien posicionado, por las condiciones de entrada, y logran entrar en bloque, lo que les permitió transar en la negociación política a modo general, Y eso se va a ver no solo en la relación sociedad-naturaleza del capítulo de medio ambiente, sino también en lo que es descentralización y forma de Estado”, indicó el investigador.

A su juicio, fuera de la Convención, el tema ambiental también alcanza un buen posicionamiento, por cuanto la gente empatiza con dichas demandas. Ello permite que estos movimientos puedan tener un diálogo más amplio con la opinión pública y que esas ideas lograran ser aceptadas en la propuesta constitucional: “Las críticas al borrador no están en los temas ambientales. Y eso tiene que ver con que se sabe que, en esos temas, Chile tenía que avanzar y había una deuda pendiente que no estaba siendo abordada por la elite tradicional”, explica.

Para el experto, en materia ambiental y socioterritorial, la propuesta constitucional recoge elementos que están en el Tratado de Escazú, en el Convenio 169 de la OIT y en varias recomendaciones de la OCDE, lo que tendería a mejorar los esquemas de evaluación ambiental y de descentralización, contribuyendo en el mediano plazo a aminorar ciertas demandas porque tendrían un canal institucional de resolución.

“Si se aprueba la nueva Constitución y en la medida que se vaya operativizando en distintas leyes, la tendencia debiera ser a que estas protestas se institucionalicen”, explica Irarrázaval, quien estima que los grupos regionalistas podrían ser más competitivos en elecciones regulares de consejeros, alcaldes y gobernadores, porque ya son conocidos y cuentan con un mayor tejido social.

“El tema es si logran tener una coordinación política más amplia, que les permita ser competitivos, eventualmente, en elecciones parlamentarias nacionales o en la Cámara de las Regiones. Para ello se necesita tener alianzas con otros grupos”, concluye el investigador del COES (*).

(*) El COES es un organismo patrocinado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.