Certeza jurídica para los ricos e incertidumbre para las mayorías

Por Luis Mesina

Cumplimos dos años del estallido de octubre. Completamos tres meses del proceso constituyente y estamos a un mes de las elecciones presidenciales. Chile vive un momento único en su historia marcado por la incertidumbre.

El próximo año se estrenará un nuevo Gobierno y una nueva Constitución, y lo harán en un contexto complejo. Un país con gran déficit fiscal. Con alto endeudamiento. Con creciente desempleo y con tasas de pobreza que aumentan considerable y peligrosamente.

¿Por qué decimos que hay incertidumbre? Por varias razones; todas las causas que hicieron posible el actual escenario siguen plenamente vigentes. Todas las demandas populares enarboladas durante la revuelta, al cabo de dos años, ninguna ha sido resuelta, por el contrario, se han agudizado, sin que se aprecie a la vista una solución. Las pensiones siguen cayendo y afectando a quienes viven la vejez en condiciones de total precariedad; la salud agudiza la crisis de quienes no tienen dinero para acceder a una atención sanitaria; la educación y el profesorado sigue recibiendo los embates del poder que se niega a dejar el suculento negocio en la educación.

Y el Estado, con sus distintas instituciones, día a día se desmorona por la descomposición de sus integrantes, el ato mando del Ejército, de Carabineros, de Investigaciones; fiscales que no investigaron actos de corrupción encabezados por una autoridad que se reunía en privado con varios imputados que terminaban siendo absueltos en sus prácticas delictivas. Ex alcaldes de las comunas más ricas, involucrados en conductas espurias y, como guinda de la torta, semana a semana nos enteramos de que el Jefe de Estado, Sebastián Piñera, aparece involucrado en negocios reñidos con la fe pública que socaban la confianza del pueblo en esta seudo democracia y en la política, abriendo el camino para el surgimiento de ideologías totalitarias que ofrecen paz y orden a cambio de represión y conculcación de derechos.

Los gobiernos y el empresariado en estos 30 años han utilizado recurrentemente la “certeza jurídica” como argumento central de la defensa del modelo, que no es otra cosa que garantizar el principio fundante de la actual Constitución a quienes forman parte de los sectores dominante, el derecho de propiedad. Certeza jurídica para quienes vienen a invertir. Certeza jurídica para que el escenario no cambie y afecte sus negocios, independiente de si estos dañan el medio ambiente o perjudican los derechos de los trabajadores. Certeza jurídica para que ISAPRES, AFP, bancos y el retail sigan multiplicando de manera exorbitante sus utilidades mientras las mayorías caen sostenidamente a la pobreza.

Faltando un mes para el proceso electoral vale la pena reflexionar acerca de lo que está en juego. El próximo gobierno deberá implementar la nueva Constitución en un contexto complejo, con demandas crecientes y con una Derecha pertrechada atacando con sus medios de comunicación para que nada cambie.

Será un periodo de disputas. Por ello deberá exigírseles a quienes aspiran a gobernar, cuotas cada vez más grandes de coherencia en su actuar y decir. Basta de seguir hablándole al Mercurio. Resulta inaceptable que algunos asesores de candidaturas abran debates para explicar sus programas alambicados a los representantes de la Derecha en vez de acelerar el debate con los movimientos sociales y con el pueblo, que es en definitiva el único que puede dar gobernabilidad a un Gobierno diferente ya que, de antemano, sabemos que no será el gran empresariado ni la Derecha quienes dejarán gobernar en paz a quien asuma los destinos del país el próximo año.

La incertidumbre actual solo conviene a la Derecha y a quienes desean perpetuar el estatus quo. Y ésta solo puede combatirse con más claridad programática y más compromiso para satisfacer las demandas sociales más sentidas de la población.