Jueces, fiscales, policías y políticos han quedado bajo cuestionamiento por sus relaciones y vínculos con el cuestionado abogado Luis Hermosilla dentro de las investigaciones realizadas en el marco del denominado Caso Audio.
A través del análisis de los chats y conversaciones registradas en el teléfono celular del penalista, los persecutores de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente han podido identificar nuevos antecedentes, tramas e inclusos aristas del caso que ha dejado al descubierto una red de corrupción judicial y política.
Un reportaje publicada por CIPER sacó a la luz una nueva arista centrada en la relación entre Hermosilla y un grupo de jueces como Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Mario Carroza, ministro de la Corte Suprema.
Al respecto, la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins solicitó acceso a los mensajes de Hermosilla con estos jueces para indagar posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y soborno, tras una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos querellantes en la investigación contra el abogado, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber, tras ser acusado de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios.
Tráfico de influencias en nombramientos
La denuncia surgió luego de que se conocieran las interacciones entre Hermosilla y Ulloa, quien reconoció haber mantenido contacto frecuente con el abogado durante sus postulaciones al cargo que ocupa en la Corte de Apelaciones.
“Desde el primer intento de llegar a la Corte en Santiago que tengo conversaciones con él, como tengo con muchas personas. De hecho, diariamente le mando un saludo en la mañana a través de un poema de algún autor. Tengo un grupo de gente al que yo le mando estos poemas todos los días, y entre ese grupo está el señor Hermosilla. También lo he conocido y lo he visto en reuniones sociales y de amigos”, admitió en declaraciones a CIPER ofrecidas en marzo pasado .
Según la investigación, Hermosilla habría respaldado a Ulloa en sus intentos por alcanzar el puesto, lo que generó sospechas sobre posibles favores e intercambios de influencias.
«Las gestiones del penalista ocurrieron en las dos campañas que Ulloa emprendió para ocupar el cargo que hoy sostenta: en 2019, cuando no logró el cupo en el tribunal de alzada, y también en 2021, año en que sí selló su ingreso», recordó el artículo de Paulina Toro y Catalina Olate.
La investigación contra Ulloa que lidera el fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, se centra en la posible existencia de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y soborno.
Sin embargo, la situación podría salpicar a más funcionarios del Poder Judicial, ya que en el celular de Hermosilla también se han encontrado conversaciones con varios jueces y fiscales, lo cual ha motivado nuevas solicitudes de acceso a estos chats.
En concreto, la Fiscalía de O’Higgins solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acceder también a los mensajes intercambiados por el penalista tanto con el ministro Antonio Ulloa, como con el exjuez Juan Poblete y el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza.
Además, pidió acceso a los chats de cualquier grupo de WhatsApp alojado en el celular de Hermosilla integrado por alguno de los tres magistrados, con la finalidad de esclarecer los vínculos.
Tras estas peticiones, el tribunal se declaró incompetente, argumentando que la investigación en la que se encuentra imputado Luis Hermosilla está siendo tramitada en el Cuarto Juzgado de Garantía.
Sin embargo, el Ministerio Público insistió ante el Séptimo Juzgado de Garantía, presentando una reposición para que se reconsiderara la solicitud, dado que la comisión de los posibles delitos habría ocurrido en la Corte de Apelaciones, la cual funciona en la jurisdicción de ese tribunal de primera instancia, consigó CIPER.
El objetivo del ente persecutor es llegar a esclarecer la influencia de Hermosilla en las decisiones judiciales y los procesos de nombramientos de funcionarios.
¿Aparecerán más jueces, fiscales y políticos envueltos en esta red de corrupción?, las respuestas las brindará el Ministerio Público tras completar sus indagatorias.