Chiloé: Denuncian grave conflicto a causa de depredación territorial con responsabilidad de instituciones públicas

A pesar de una serie de denuncias realizadas sobre la tala indiscriminada de una amplia superficie territorial de bosque nativo, estimada en más de 1.200 hectáreas, ubicadas en el sector Coihuin de Compu, en la comuna de Quellón, hasta la fecha no se han establecido formas sancionatorias y de regulación por parte de las instituciones públicas competentes, entre ellas Conaf, señalaron integrantes de la comunidad de Natri Bajo-Molulco.

De acuerdo a la explicación entregada por los voceros de la comunidad, la zona depredada -que involucraría a algunos particulares beneficiarios de Conadi-, considera una gran cantidad de endemismo y una gran variedad de especies de flora y fauna de enorme importancia ecosistémica y de biodiversidad, razón por la cuál exigen la protección efectiva de estos terrenos.

Otra situación grave denunciada, que se viene produciendo en este lugar y que involucra al Fundo Tepuhueico, Fundo Coihuin y tierras de la empresa Golden Spring, como parte de los terrenos ancestrales huilliche del territorio, ha sido el irregular proceso de traspaso vía Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a las comunidades. Esto, porque diversas familias y comunidades han manifestado que han sido excluidas de este proceso de restitución de tierras, lo que ha tensionado y conflictuado aún más la convivencia y armonía del sector.

En este punto, los habitantes de la comunidad apuntan a la responsabilidad de la Conadi, quien anunció públicamente en mayo de este 2018 que se daba por finalizado el proceso de compra de estos terrenos, habiéndose establecido unilateralmente a ciertos beneficiarios y cuyos interlocutores serían responsables directos de la depredación actual del bosque nativo, denunció Manuel Rauque, presidente de la comunidad indígena de Natri Bajo-Molulco.

Cabe señalar que una de las preocupaciones que han manifestado las organizaciones indígenas y de derechos humanos en el país sobre estos conflictos que afectan la convivencia entre las comunidades, es la falta de un protocolo efectivo por parte de Conadi al momento de establecer equitativamente los criterios sobre compras de tierras, considerando incluso que han existido hechos de sangre a causa de conflictos tensionados desde la propia institución.

Un ejemplo de esto último ocurrió en la zona de Choroy-Traiguén, costa de Osorno, cuyo conflicto de tierras arrojó un saldo de 5 muertos y tres heridos en el año 2002, episodio que se suma a otros similares ocurridos en zonas de La Araucanía y el Bío Bío.

Al respecto, se informó que Conadi, por ley, tiene facultades judiciales y extrajudiciales para la solución alternativa de los conflictos a través de la mediación y la conciliación, de carácter civil, que tengan relación con el uso, goce y explotación de terrenos indígenas, o en los que tengan interés personas o comunidades indígenas.