Vía Fortín Mapocho / La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) se sumaron a la petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), de buscar soluciones urgentes para reducir el hacinamiento en los recintos penitenciarios y evitar el contagio masivo de Covid-19 entre la población carcelaria en la región.
Al igual que Acnudh, ambas entidades valoraron las iniciativas desarrolladas por la Defensoría Penal Pública y por el Ministerio de Justicia, cuyo propósito es que las personas privadas de libertad que son parte de grupos vulnerables puedan cambiar su forma de reclusión actual por una de arresto domiciliario total, que los protega de la emergencia sanitaria que vive el mundo por el coronavirus.
En el caso de la Defensoría, se trata de un total de 721 solicitudes dirigidas a los tribunales de garantía del país, para que accedan al cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total para estos imputados privados de libertad.
El Ministerio de Justicia, en tanto, intenta conseguir la aprobación de un proyecto de ley de indulto conmutativo dirigido a las personas que cumplen su condena en las cárceles del país, para que puedan cumplir parte de su pena en sus domicilios, bajo arresto total.
En un documento de cuatro páginas, Amnistía entrega recomendaciones en este tema a las autoridades chilenas, orientadas a adoptar una estrategia urgente para la prevención del contagio de la población privada de libertad, incluyendo la reducción del hacinamiento en las cárceles de Chile.
«Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos, ya sea en prisión provisional o tras haber recibido sentencia. Adoptar todas las medidas necesarias para que se revisen las medidas de prisión preventiva con la máxima celeridad, y se considere en cada caso la posibilidad de sustituirla por otras medidas cautelares que no impliquen permanecer en un centro de privación de la libertad, incluyendo la posibilidad de adoptar medidas no privativas de la libertad para personas acusadas de delitos no violentos. Considerar la libertad anticipada o condicional de prisioneros en situación de riesgo en caso de contagio, incluyendo personas adultas mayores y quienes padecen afecciones médicas subyacentes o un sistema inmunológico debilitado», señala el escrito.
También se propone asegurar el acceso al agua y el saneamiento de higiene personal al interior de los recintos penitenciarios y, en caso de contagios, asegurar que las personas privadas de libertad reciban atención médica especializada. En el área de los recursos, solicita destinar fondos para garantizar la ejecución de medidas de salud e higiene dentro de las cárceles. Y agrega la necesidad de «aprobar la legislación que sea necesaria para facilitar la implementación de los anterior, con la mayor celeridad».
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su ‘Sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada’ a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, urgió a los Estados a «enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y la de sus familias», además de instarlos a reducir la sobrepoblación carcelaria.
En este contexto, la CIDH valoró las iniciativas desarrolladas en países como Brasil y Colombia, y especialmente en Chile, a través del Ministerio de Justicia y la Defensoría Penal Pública: «La Comisión reconoce el esfuerzo que están implementando algunos de los Estados de la región para contener la pandemia y evitar su propagación en los centros penitenciarios. Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas», señalaron en un comunicado.
En esa línea, también se pide a los Estados adoptar planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y asegurar la atención médica, siempre respetando «las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos en la materia».
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