Un contacto del presidente Sebastián Piñera está directamente vinculado con la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata del abogado y académico Claudio Grossman, quién cumple funciones como asesor especializado y sin portafolio del fiscal jefe Karim Khan.
La información -confirmada por el propio organismo internacional-, ha causado cuestionamientos sobre la imparcialidad en torno a la decisión de la CPI de desestimar la demanda contra el Gobierno por violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH).
Entre los antecedentes del jurista se encuentran: miembro de la Comisión Interamericana de DD. HH; Comité de la ONU contra la Tortura; Comité Asesor del Gobierno en la demanda de Perú ante La Haya; participó en el litigio con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); representó a la UDI y a la Fundación Jaime Guzmán ante la CIDH, buscando la extradición de Sergio Galvarino Apablaza desde Argentina; e integrante de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas.
Organizaciones y defensores de DD. HH que respaldan la denuncia internacional por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social de 2019, tomaron cartas en el asunto investigando los nexos de Grossman y si se comprueban que estos interfieren en la decisión tomada por la CPI, sería constitutivo de una grave irregularidad.
En este sentido, varios activistas y abogados de DD. HH entrevistados por BioBioChile, anunciaron que iniciarán acciones para exigir explicaciones a la oficina del fiscal de la CPI para que aclare el rol de Claudio Grossman en el caso y descartar cualquier vulneración de las normas internacionales.
Versión de la Cancillería “incompleta y sesgada”
Por otra parte, Ricardo Bachmann, uno de los abogados que presentó antecedentes ante la CIP, se pronunció para calificar de “incompleta y sesgada” la versión de Cancillería sobre el proceso, ya que a través de un comunicado se limitó a anunciar que el ente internacional decidió “no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas”.
Sin embargo, para el letrado existen muchas omisiones sobre lo que comunicó la Oficina del Fiscal del tribunal, ya que esta habría reconocido la existencia de antecedentes que apuntan a que se cometieron delitos de lesa humanidad.
“El fiscal da por probado que se cometieron asesinatos y otros actos inhumanos, como torturas y agresiones de carácter sexual, durante el periodo de las protestas a partir del 18 de octubre de 2019”, declaró Bachmann a El Desconcierto.
Además, asegura que se reconoce que se trató de un ataque generalizado contra la población civil por parte de fuerzas del Estado y el elemento sistemático, es decir, que “hubo patrones de conducta en el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, es decir, que no se trató de casos aislados”.
En cuanto a la interrogante sobre por qué a pesar de admitir estas irregularidades fue desestimada la demanda, el también académico explicó que se debe al principio de complementariedad. “Solamente la Corte va a entrar a investigar si es que la justicia chilena no puede, o no quiere, y como se ha informado de que existen causas abiertas pendientes, entonces el fiscal dice que no va a iniciar el examen preliminar, por ahora, pero que seguirá recibiendo antecedentes”, dijo.
No obstante, destacó que “vamos a seguir enviando antecedentes como si esta comunicación no hubiese llegado y vamos a seguir recabando información. Vamos a trabajar el tiempo que sea necesario para que la Corte abra una investigación, a menos que la Justicia chilena haga su trabajo”.
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