Desde la instalación del Estado de Emergencia y la posterior disposición del Toque de Queda en Chile, que puso en grave riesgo el trabajo de la prensa, el Colegio de Periodistas, a través de sus 18 Consejos Regionales distribuidos en todas las regiones del país, consideró necesario monitorear las difíciles condiciones en que los y las periodistas y comunicadores/as de diversos medios de comunicación, incluidos los medios independientes, han tenido que realizar sus labores.
A partir de esa observación, en el gremio realizaron un catastro de quienes han sido víctimas de agresiones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, informe que fue presentado y entregado a la delegación de observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una reunión realizada este viernes 1 de noviembre.
Los datos, recopilados a través de los Consejos Regionales del Colegio de Periodistas, y del Observatorio del Derecho a la Comunicación, en su informe elaborado el 28 de octubre, además de informaciones publicadas en las redes sociales y posteriormente verificadas, indican que se han reportado 36 casos en todo el país.
De ellos, 6 son detenciones y 13 lesiones por armamento policial. También se registró un lesionado con trauma ocular, seis golpeados, y tres casos de restricciones de ingreso de profesionales al país. Pero sin duda, los casos más graves son las denuncias (2) por violencia sexual hacia dos mujeres periodistas.
A nivel nacional, quienes fueron más afectados por la violencia de agentes del Estado fueron: 16 periodistas, 9 fotógrafos, 7 reporteros y 4 camarógrafos. Los casos reportados indican que el mayor número de abusos fueron generados por Carabineros durante las movilizaciones (24 casos). Solo se reportan dos casos de abuso de militares -uno en la Región de La Araucanía y otro en la Región Metropolitana-, y un caso donde la PDI intervino para evitar la entrada de un periodista y dos fotógrafos extranjeros a Chile.
Asimismo, se indica que la mayor cantidad de agresiones se reportan en la Región Metropolitana (18 casos) con agresiones por balines, golpizas, detenciones y limitación de entrega de salvoconductos a prensa acreditada.
Al respecto, el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación señala que «en un gran número de casos los disparos por parte de Carabineros se realizaron a muy corta distancia, menos de 10 metros. También hay testimonios y registro audiovisual que acredita que los reporteros eran el objeto del disparo, por encontrarse separados de los manifestantes y ser claramente identificables».
«El análisis de los datos recopilados permite afirmar que, por lo general, los impactos no se produjeron de forma accidental, existiendo una intencionalidad de agredir a los reporteros que se encontraban registrando la actuación policial durante las protestas», añade el informe.
Además de las agresiones ya mencionadas, hubo evidentes limitaciones para entregar salvoconductos a la prensa, documentos que además no fueron respetados, pues muchas de las personas afectadas por detenciones y agresiones contaban con credenciales de prensa y salvoconductos.
“En los sucesos documentados se manifiesta un sistemático incumplimiento de los protocolos de orden público de Carabineros (Circular Núm. 1.832.- Santiago, 1 de marzo de 2019 publicada en Diario Oficial de Chile de 4 de marzo de 2019)”, señala el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación.
Respeto a los casos informados, cabe destacar tres de fuerte impacto: uno es el trauma ocular que afectó a un camarógrafo de Mega, en la ciudad de Concepción quien recibió un impacto de balín en su ojo por parte de Carabineros, quedando con un daño irreparable a su vista; y la violencia sexual que fueron víctimas dos mujeres periodistas en la ciudad de Arica quienes durante su detención fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas.
Se destaca también en el Informe la vulneración de derechos que sufrieron tres comunicadores argentinos quienes estuvieron retenidos por horas en el Aeropuerto Internacional de Santiago por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). A los periodistas se les informó que no se les permitía la entrada al país, por tener en sus redes sociales imágenes de “incitación al odio” y serían deportados a su país.
Además, otro argumento usado por la PDI para negar el acceso fue que la visita a Chile se realizaba con visas de turistas, y para hacer cobertura periodísticas necesitaban «visa de trabajo».
Finalmente, después de que intervinieran distintas instituciones, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, la PDI les permitió el ingreso a Chile.
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