El martes 24 de febrero, en la ciudad de Puerto Varas, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile allanaron la radio “La voz de Nueva Braunau” (Weñauka), producto de una denuncia realizada en noviembre de 2014 por infracción a la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Resultaron detenidos en tal acción los comunicadores Rubén Loncomilla, Sergio Quintul, Francisco Loncomilla y Yasna Levicán, a quienes se formalizó por utilización sin autorización del espectro radioeléctrico.
Ante esta situación, el Colegio de Periodistas de Chile declara que:
· Como Colegio de Periodistas de Chile rechazamos categóricamente el allanamiento de la radio “La voz de Nueva Braunau”, así como toda forma de hostigamiento y persecución hacia las comunidades mapuche que en la actualidad no cuentan con igualdad de condiciones para el acceso a la comunicación pública. Este hecho vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 número 12 de la Constitución como las garantías cauteladas en normativas internacionales como las de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a los cuales Chile adscribe.
· En especial, nos preocupa que este sea el segundo allanamiento a radios comunitarias o públicas en menos de un mes Con esto se ataca directamente al pluralismo mediático en el país, el cual ya se encuentra lo suficientemente amenazado por la concentración mediática existente.
{El pasado 21 de enero se denunció el allanamiento de la Radio “La Victoria” en la Región Metropolitana, también por “infracción a la ley de telecomunicaciones”}
· La cercanía temporal de ambos allanamientos, da cuenta de la precariedad en que se encuentran las radios comunitarias y públicas. Aunque en 2010 se promulgó la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión ciudadana, esta normativa -que por lo demás aún no cuenta con reglamento- es deficiente para garantizar y no obstaculizar el derecho de toda la ciudadanía a utilizar un bien público como es el espectro radioeléctrico y operar un servicio de radiodifusión. Esto ha permitido la criminalización de lo que a nivel internacional es reconocido como un derecho humano: la comunicación. La acción aparece como aún más cuestionable cuando la radio “La voz de Nueva Branau” se encontraba en proceso de regularizar su situación legal.
· Como Colegio de Periodistas entregamos nuestra solidaridad a la comunidad williche de Puerto Varas, a los comunicadores retenidos y formalizados, y a la audiencia de la emisora. Es de nuestro parecer que los organismos del Estado debieran ser actores que propicien la diversidad de voces y actores, no que muestren excesivo voluntarismo por su silenciamiento. Por ello, exigimos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones explique claramente los motivos de su atención personalizada a las radios comunitarias, qué gestiones llevará adelante para apoyar al sistema de comunicación público y comunitario, y de qué forma pretende abogar por una modificación a la normativa y un reglamento que efectivamente permita el uso democrático del espectro radioeléctrico y no su concentración en pocas manos.