La Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación entregó su primer informe, en el cual se da cuenta de la situación actual de Chile en torno a este tema, abordando los distintos aspectos que forman parte de su radio conceptual y analizando también la experiencia internacional en la materia.
«La producción de desinformación es sistemática e influye en el fuero más íntimo de las personas: la toma de decisiones», se lee en la introducción del resumen ejecutivo del informe.
En esa línea, el documento señala que este fenómeno «adquiere una faz multidireccional cuyos procesos son difíciles de seguir, trayendo consigo un aumento de producción y circulación de información y de desinformación sin precedentes (denominado ‘infodemia’ en el contexto de la salud pública), que repercuten en las posibilidades de los ciudadanos de tomar decisiones informadas, amenazando así los procesos democráticos».
Así, este primer informe está dividido en cinco capítulos: Introducción; Definiciones; Experiencias internacionales; Estado del arte (situación actual) en el país y experiencia local; e Inteligencia Artificial y Desinformación.
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¿Cuáles son los plazos de la Comisión?
En el plazo de un año, la Comisión Asesora contra la Desinformación deberá emitir dos informes.
El primero, asociado a conocer el estado actual del fenómeno; y el segundo, para entregar orientaciones y recomendaciones respecto de la formulación de políticas públicas en la materia.
Recordemos que el objetivo de esta iniciativa es asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile, en específico, respecto del estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis a los medios de prensa.
Respecto a sus integrantes, estos trabajan ad honorem en ella, y el Ministerio de Ciencia presta el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento.
La Comisión está constituida por dos representantes de universidades estatales; un representante de una universidad privada incluida en el artículo 1° del D.F.L. No 4, de 1981, del Ministerio de Educación; un representante de una universidad privada no incluida en el artículo 1° del D.F.L. No 4, de 1981, del Ministerio de Educación; un representante de una universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la Región Metropolitana; tres representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil, indistintamente, cuyas actividades se relacionen con el objeto de la Comisión; y un representante de una organización de Fact-Checking.
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