Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia mal uso de la prisión preventiva contra Daniel Jadue

La Comisión Chilena de Derechos Humanos emitió este viernes una declaración pública criticando al Poder Judicial por violar los derechos constitucionales del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Según acusan desde el organismo, en el proceso judicial contra el edil se transgredieron normas legales, constitucionales e incluso del derecho internacional de los derechos humanos, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional.

«Nos preocupa la proporcionalidad y necesariedad de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, o la objetividad de la investigación penal, que son transgredidas por prácticas inadmisibles dentro de un Estado de Derecho», señala el comunicado.

«El respeto por estas instituciones y principios fundamentales que deben aplicarse en todo procedimiento penal, está siendo puesto en duda por el mal uso de los instrumentos persecutorios, por parte de ciertos fiscales y tribunales, que en medio de un contexto de politización de la justicia y claros indicios de Lawfare, se ha cargado el peso de la Ley con mayor vehemencia contra ciertos imputados. Ello ha quedado de manifiesto en el caso del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue», añaden.

Además, desde el órgano apuntaron tanto contra la jueza de Garantía como contra la Corte de Apelaciones de Santiago por aplicar una medida cautelar «que debe ser excepcional, según lo prescrito por la normativa de derechos humanos».

«Este uso indebido de instrumentos judiciales, parece dar la razón a quienes sostienen que estamos ante un claro caso de Lawfare, en el que se busca inhabilitar políticamente a un dirigente a través de procesos judiciales –de gran cobertura mediática- en los que no se respetan instituciones jurídicas fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional», señalan desde la CCHDH.

Finalmente, el organismo señala que «el permanente llamado de las autoridades políticas a “dejar que las instituciones funcionen” tendría asidero si dichas instituciones cumplieran debidamente con su función y respetaran en su quehacer, el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, están en deuda con la ciudadanía».

«Reiteramos que la legitimidad de las instituciones es una necesidad urgente y un requisito indispensable para el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática, la que fundada en el irrestricto respeto de los derechos humanos, permitirá garantizar la anhelada paz social», finalizan.