Comisión de Constitución del Senado despachó proyecto de amnistía a presos del estallido

La comisión de Constitución del Senado despachó este miércoles, en particular, el proyecto de amnistía a los presos políticos de la revuelta social de 2019.

En la instancia se discutió el periodo que comprenderá esta medida, siendo aprobada por 3 votos contra 2 las fechas entre el 7 de octubre de 2019 y el 9  de diciembre de 2020.

También se discutió en los delitos que podían ser amnistiados, excluyendo el homicidio frustrado, el maltrato de de obra a carabineros y la PDI, los cuasidelitos de homicidio e incluyó el delito de incendio menor. Además se trabajó en la exclusión de posibles beneficiarios en caso de tener condenas anteriores, cita ADN.

En este sentido, el senador y presidente de la Comisión, Pedro Araya, recalcó que hasta los momentos, solo se discutieron los requisitos que deben cumplir los eventuales beneficiados y se refirió al artículo dos del proyecto de ley que propone incluir actos perpetrados desde el 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020,

“Por lo pronto, no tener antecedentes previos por delitos de la misma especie y estar comprendidos dentro del período que contempla la amnistía, que va desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020″, señaló Araya, citado por BioBio.

De igual forma, fue consultado por la postura del oficialismo, que plantea que el proyecto debía ser hasta la firma del denominado “Acuerdo por la Paz”, es decir, hasta el 15 noviembre de 2019.

“No se puede desconocer que, con cuarentena y todo, hubo protestas en esos días, aún cuando ya se había iniciado el proceso constitucional. Muchas de estas personas salieron a protestar por las mismas causas del estallido, o para pedir la libertad de quienes estaban en prisión preventiva en ese minuto“, señaló el parlamentario Independiente.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ahondó en el hecho de que previo al 18 de octubre ya existía una proliferación de movilizaciones. En ese período, sostuvo el legislador, ya se perpetraba una severa represión policial y violaciones a los derechos humanos, por otro lado señaló que un acuerdo entre partidos políticos no garantiza la paz social.

“La paz es fruto de la justicia social, es fruto de la profundización democrática, de la cohesión social y para eso hay que generar las condiciones para lo mismo y este proyecto de ley busca ir cerrando un capítulo doloroso, de heridas, de situaciones de injusticia que se produjeron en el estallido social y que perdura hasta el día de hoy”, sostuvo.

Las investigaciones de delitos no considerados en la amnistía, que hayan ocurrido en el contexto de manifestaciones o desórdenes públicos entre el 7 de octubre de 2019 y 9 de diciembre de 2020, deberán cerrarse dentro del plazo máximo de 60 días contados desde la publicación de la presente ley, según consigna uno de los artículos aprobados.

Otra punto que suscitó discusión entre los legisladores fue el artículo siete de la propuesta de ley, en cuanto permite que cualquier persona formalizada por delitos que no caen bajo amnistía, podrán solicitar el término de su proceso penal dentro de 90 días. Así el proyecto da un plazo de 90 días al Ministerio Público tras haberse promulgado la la ley para cerrar las investigaciones determinando si se acusa a los imputados o se les sobresee del procedimiento.

“Lo que plantea es que aquellas personas por ejemplo que han cometido el delito de saqueo o el delito de robo y que no son sujetos de amnistía tienen un plazo de 90 días para pedirle al Ministerio Público y al Tribunal de Garantía que se cierren esas investigaciones y que el Ministerio Público tome la decisión si lleva a esas personas a juicio o las sobresee. No es una amnistía, lo que se está diciendo es que el Ministerio Público no puede prolongar más allá de 90 días de aprobada la ley este tipo de investigaciones”, explicó el senador Araya, citado por Radio U de Chile.

Se espera que este jueves, la Sala pueda fijar una sesión especial en la que se discuta y vote la iniciativa, la cual necesita 22 afirmativas para su aprobación, cita ADN.

Gobierno amenaza con reserva de constitucionalidad o veto presidencial

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió que el Ejecutivo estudiará esgrimir la reserva de constitucionalidad o bien el veto presidencial respecto al proyecto en cuanto, “no se puede indultar, amnistiar a aquellas personas que, lejos de tratarse de manifestaciones tranquilas, lo que hicieron fue cometer graves delitos”, señaló.

Para el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aprobar el proyecto de amnistía abriría las puertas a «impunidad».

“Las señales que se están dando a la ciudadanía, que se pueden cometer delitos graves y si no son amnistiados van a ser tratados de manera privilegiada para su investigación, para evitar que la investigación llegue a la verdad, es la peor señal que le podemos dar”, añadió, citado por Biobio.