La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, sin votos en contra y con amplia mayoría, el informe de la comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio ocurrido en la fábrica Kayser, en octubre de 2019 (CEI 12), durante el estallido social.
Dentro del contenido del informe, se destaca que a casi 4 años de los hechos, aún existen diligencias investigativas pendientes.
Junto a esto, el documento cita lo planteado por el Equipo Chileno de Antropología Forense en su participación en la instancia. Recordemos que esta entidad hizo varias críticas a los procedimientos realizados por el Servicio Médico Legal (SML), en enero de 2020.
Aquí se destaca, por ejemplo, la ausencia de reportes sobre la posición de los cuerpos en el lugar de los hechos. También se acusó falta de descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres e inexistencia de cadena de custodia o de su correspondiente informe.
En el informe también se concluye que en este caso no se aplicó el Protocolo de Minnesota, el cual busca promover el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospecha de desaparición forzada. Sin embargo, con las víctimas de la fábrica Kayser su aplicación no ocurrió, a pesar de ser una recomendación de la ONU en el contexto del estallido social.
Por otra parte, el informe de la Comisión observa que el sumario para investigar las irregularidades en el SML, en este caso, ocurrió a sólo 2 días de citar a la institución a la comisión.
Finalmente, entre los hechos a investigar se encontró que, por ejemplo, los informes tanatológicos no se sujetaron a la normativa y protocolos vigentes.
De igual modo, se relata que hubo equivocaciones en el contacto telefónico y entrega de los cuerpos a los familiares. Y que, tras la exhumación, realizada en enero de 2023, se evidenció que los cuerpos se encontraban dentro de sus ataúdes en bolsas de basura.
En cuanto a las recomendaciones, el texto señala la necesidad de capacitar, difundir e instruir respecto de la importancia de la aplicación del Protocolo de Minnesota, sobre todo en el SML y órganos persecutores, particularmente, cuando existan decretos de estados de excepción constitucional.
Junto a lo anterior, establece la necesidad de velar por el avance del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos. Además, propone mejorar la legislación para garantizar la aplicación de protocolos específicos por parte de los órganos del Estado, en especial cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en contexto de excepción constitucional.
Por último, las y los parlamentarios propusieron el levantamiento de un memorial y sitio de memoria en el lugar de los hechos, junto con recomendar actos de reparación a los familiares de las víctimas.
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