La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó, en general, la norma sobre los “Derechos de los Pueblos y Naciones Preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales”.
La iniciativa fue patrocinada por los constituyentes Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguan, Machi Francisca Linconao, Eric Chinga, Isabel Godoy, Margarita Vargas, Wilfredo Bacian, Elsa Labraña, Giovanna Grandón, Fernando Salinas, Ericka Portilla, Tania Madariaga, Nicolás Núñez, Ivana Olivares y Manuel Woldarsky.
La norma, ingresada el 28 de diciembre del año pasado, consta de dos artículos: el primero fue aprobado con 13 votos a favor, cuatro en contra y una abstención; mientras que el segundo artículo fue respaldado con el voto de 11 convencionales que votaron a favor; seis en contra y dos abstenciones.
El primer artículo señala que, dentro de los primeros cinco meses, tras la entrada en vigor de la nueva Constitución, el Gobierno deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional -con una representación proporcional de todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado- y paritaria, “encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados”, refiere La Tercera.
Se deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras “que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural”.
Además, el texto plantea que dentro de los primeros tres meses de funcionamiento de la comisión, esta deberá informar al gobierno “las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución”.
«Aquellas tierras indígenas catastradas que estén posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas”, esto dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo.
La comisión deberá terminar su trabajo dentro de un plazo de dos años, como máximo, contados desde el momento en que se constituya. Sin embargo, el período serpa prorrogable por igual cantidad de tiempo a requerimiento de la propia instancia.
El segundo artículo decreta la «nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas», pero siempre y cuando estos permisos hayan sido otorgados sin el consentimiento “previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta”.
Los permisos – detalla el artículo – serán suspendidos cuando “hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas”.
Finalmente, se evaluará un nuevo otorgamiento de estas autorizaciones en un plazo que no exceda los dos años “después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.
Tras esta aprobación en general, la iniciativa avanza hacia la discusión en particular. Si es aprobada, pasará a ser votada en pleno en la Convención.
Si la iniciativa consigue los 2/3 necesarios en el hemiciclo podría ser parte de la nueva Carta fundamental.
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