La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que analizó las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, en relación al estallido social, aprobó su informe final este jueves, confirmando violaciones a los derechos humanos.
El informe contó con el respaldo de ocho diputados, que votaron a favor, y dos en contra.
En un comunicado, la instancia indicó que analizó las medidas tomadas en el país en el marco del control del orden público, para «investigar la legalidad, duración o proporcionalidad de tales medidas”.
Entre las investigaciones realizadas por la Comisión, se encuentran los actos que provocaron lesiones o muerte, así como también “tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos”.
Tras analizar todos los hechos, la instancia de la Cámara de Diputados y Diputadas, concluyó el “incumplimiento en el resguardo de los DDHH” por parte de los agentes de seguridad del Estado, en su “en su participación y responsabilidad directa en estos actos”.
En el documento publicado por el abogado Claudio Nash en su cuenta en Twitter – se pudo constatar que la Comisión de la Cámara, además, concluyó el incumplimiento a las leyes internacionales, entre ellos el derecho a la protesta, así como los protocolos para el “uso de la fuerza en contexto de manifestaciones sociales”.
De igual forma, la instancia avaló que el presidente Piñera tiene una responsabilidad política por los hechos registrados durante la revuelta.
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«Existe responsabilidad política del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, por las graves, reiteradas y generalizadas violaciones a los derechos humanos ocurridos en nuestro país desde octubre de 2019 a la fecha. Lo anterior, se funda en la postura públicamente sostenida respecto de las manifestaciones y a las violaciones a derechos humanos ocurridas, y que han tenido efecto observables en la forma en que las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública, se enfrentan a los manifestantes, y en la actitud de los mandos superiores de Carabineros de Chile, en orden a no ejercer de manera adecuada los mecanismos de control y disciplina, frente a los hechos detallados en el cuerpo de este informe», refiere el documento final.
Asimismo, se responsabiliza a todas las autoridades que estuvieron y están al mando de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, entre los que se encuentran quienes ejercieron como Ministro de Interior y Seguridad Pública durante el período de mandato de la comisión especial ( Gonzalo Blumel, Víctor Pérez Varela y Rodrigo Delgado), así como el actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
«El Alto Mando de Carabineros de Chile incurre en responsabilidad administrativa la que prevé las sanciones correspondientes por sus infracciones», puntualiza el informe al tiempo que llamó la atención de la Comisión, las declaraciones del Subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien afirmó «de la existencia de una estrategia del denominado ‘copamiento preventivo’: versus las afirmaciones del General Yáñez, en cuanto a no haber ejecutado el denominado plan al no constar en los protocolos».
Por esta razón, la comisión propuso la adopción de una serie de medidas, entre las que destacó “comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile”, aspirando a que la institución “se subordine totalmente al poder civil”, así como una “revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado”.
Además, integraron la “revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado incubadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales” y que se contemple “el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos“.
La Comisión instó al Ejecutivo Nacional a reconocer que entre octubre de 2019 hasta la fecha “han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos”, por lo que responsabilizan de forma directa al Gobierno Nacional.
De igual forma, solicitan al Ejecutivo a desarrollar una política integral de reparación, entre las que implica, “la creación de un estatuto normativo de protección a las víctimas”, la creación de nuevos programas, así como el fortalecimiento del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO).
Por otra parte, recalcaron que el documento final será remitido a la Presidencia de la República, al Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.
Al respecto, Claudio Nash señaló que el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados queda constancia histórica de la responsabilidad política de las principales autoridades del país en la mayor crisis de DDHH desde fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
«En Chile hubo violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de DDHH que deben ser reparadas integralmente», subrayó el Doctor en Derecho; académico de la Universidad de Chile y presidente Fundación Diálogo Jurisprudencial.
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