La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre la falla de San Ramón, aprobó su informe final de conclusiones.
En particular, el grupo parlamentario se encargó de fiscalizar los actos de Gobierno, respecto a la adopción de medidas que están tomando distintas autoridades competentes para prevenir o mitigar los riesgos que supone la existencia de infraestructura y edificaciones habitacionales en la zona aledaña a la falla, ubicada en la Región Metropolitana.
Así, después de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión alcanzó un consenso respecto de las falencias detectadas. En ese sentido, uno de los puntos más discutidos estuvo centrado en la prohibición y el cese de construcciones de edificación a lo largo del trazo de la falla de San Ramón.
Según resaltó la Comisión, se trata de una falla activa que cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, y que también podría alcanzar Lo Barnechea y Pirque.
El informe relata que, en 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo licitó el proyecto “Estudio de riesgo y modificación (PRMS) falla de San Ramon”, que tuvo como objetivo general la evaluación del peligro sísmico asociado a la falla en la zona oriente de Santiago.
En palabra de los expertos, en tanto, es necesario que el fenómeno sea reconocido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, así como en los planos comunales, con el fin de evitar que se siga construyendo directamente sobre su traza.
Según los antecedentes de densidad habitacional, hacia 2012, más del 50% de la falla de San Ramón ya se encontraba urbanizada.
Al respecto, el texto apunta que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está en conocimiento desde hace 11 años de que la falla de San Ramón es un potencial de riesgo para todos los asentamientos humanos ubicados sobre y cercanos a la traza de la falla.
Por ello, se concluyó que la falta de regulación respecto del riesgo cierto que supone la actividad de la falla de San Ramón representa un actuar pasivo sin el sentido de urgencia necesario por parte de los organismos públicos responsables de la planificación urbana.
Recomendaciones
En materia de propuestas, las y los legisladores proponen, entre otros puntos, que el Poder Ejecutivo realice estrategias con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva, en un radio de 300 metros de ancho, a lo largo del trazo de la falla de San Ramón.
Asimismo, agregaron que el Estado deberá compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quien, a la fecha, tenga derecho adquirido.
También proponen que, tanto el gobierno central, como los gobiernos comunales, designen como “zona no edificable” el trazo de la falla, en sus planos reguladores.
Respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, propusieron que éste entregue a cada municipio ubicado en las comunas donde existe la falla de San Ramón, propuestas de modificación del Plano Regulador Comunal, con recomendaciones y prohibiciones de edificación en la zona de riesgo y otorgando la facultad de implementar señalética, designación y demarcación de zonas de seguridad.
Finalmente, se pidió crear planes de comunicación, prevención y emergencia dirigidos a la comunidad frente a la amenaza latente que significa para los habitantes de la Región Metropolitana y, en especial, para las comunas afectadas y antes mencionadas.
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