Comisión Investigadora de las AFP: Situaciones que revisten carácter de delito deben ser investigadas por el Ministerio Público, señalan parlamentarios

Con 66 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta semana el informe de la Comisión Investigadora de actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero y Servicio de Impuestos Internos, en la fiscalización de inversiones de AFP, para determinar si ejercieron debidamente sus competencias y fiscalización, además de conocer cuáles han sido las actuaciones de los organismos del Estado en el control de los Fondos de Inversión, tales como Volcom, Génesis y otros que se encuentren ligado a las AFP.

La Comisión realizó un diagnóstico global de las falencias y el carácter inequitativo, abusivo y profundamente injusto del sistema de pensiones, un oligopolio privado con fines de lucro, que moviliza gigantescos recursos de los trabajadores de un volumen aproximado a los 2/3 del PIB, que controla o incide fuertemente en la capacidad de influir e incluso de neutralizar fuertemente al sistema político y las instituciones regulatorias, de fiscalización y decisorias, establecidas por el Estado para el logro del bienestar general.

Según las conclusiones de la instancia parlamentaria, «el sistema chileno de pensiones de capitalización individual falló en su objetivo primordial y fundamental de entregar buenas pensiones y estableció una institucionalidad laxa y frágil, con graves debilidades para regular el sistema y sus actores. El regulado se autorregula y supera al regulador. Los conflictos de interés, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada: la institucionalidad demuestra una creciente incapacidad de controlarlos».

«Se habla incluso de la puerta giratoria o de silla musical para describir el círculo vicioso de favores y concesiones entre las administradoras de fondos y el órgano supervisor, lo que equivale a que el riesgo de captura de la industria por parte del sector regulado sea cada vez mayor», agrega el documento.

Como medidas a adoptar, se propuso en primer lugar terminar con el ahorro forzoso y derogar el DL 3500, como también permitirse a los trabajadores elegir entre una administradora autónoma del Estado, administradoras sin fines de lucro, y sociedades anónimas con fines de lucro, respetando los ahorros de los trabajadores y asegurando una pensión básica que garantice un ingreso mínimo suficiente para la vejez.

Además, se acordó solicitar al Poder Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que regule los conflictos de interés, para que el Parlamento pueda deliberar ampliamente sobre esta materia que es de facultad exclusiva del Ejecutivo.

En esa línea, el presidente de la Comisión, el diputado Rodrigo González (PPD), valoró la aprobación del Informe y sus conclusiones, especialmente la autocrítica hecha desde el parlamento por no reformar a tiempo un sistema de pensiones controlado por las AFP.

«Aprobamos junto al Informe la necesidad de una autocrítica pública señalando que es doloroso constatar que este Parlamento y nuestras instituciones hayan dejado pasar tanto tiempo sin reaccionar más decididamente para exigir un cambio profundo y estructural de un sistema tan abusivo e injusto como el de nuestras pensiones. La Comisión propone derogar el decreto 3.500, terminar con el abuso y con el monopolio, especialmente cambiar todo el sistema regulatorio que ha sido capturado por las AFP», afirmó González.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS), explicó que otra de las medidas acordadas «será solicitar al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los propios servicios involucrados, para que, en virtud de los graves hechos y denuncias que hemos dado a conocer en el informe, puedan abrir una investigación, emitir un pronunciamiento o abrir sumarios en relación a los conflictos de interés, faltas administrativas o vulneración de las normas legales incurridas por los jefes de servicio de la SP, CCR, CMF y Dirección de Impuestos Internos. Hay incluso situaciones que revisten carácter de delito, que el Ministerio Público deberá investigar», enfatizó el legislador.