Comisión investigará si ministros encubrieron patrimonio de Sebastián Dávalos

La Cámara de Diputados aprobó con 58 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa que pretende crear una Comisión Especial Investigadora que esté encargada de «recabar la información relativa a los actos de gobierno que se vinculan directa e indirectamente con los negocios y actividades del ex Director Sociocultural de la Presidencia de la República, particularmente con motivo de su participación en la obtención de un crédito bancario en favor de la empresa Caval, orientado al financiamiento de la adquisición de terrenos ubicados en Machalí para la realización de negocios inmobiliarios».

Dentro de las acciones que debería asumir la comisión está, principalmente, la de investigar la posible participación de los Ministros del Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, en el ocultamiento u omisión de la declaración pública de bienes y patrimonio de Sebastián Dávalos, quien fuera director del Área Sociocultural de la Presidencia durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Cabe recordar que esta declaración patrimonial fue requerida por diputados el 10 de abril de 2014 y finalmente, esta petición no siguió su curso.

Dentro de esta comisión, también se contempla investigar hechos como la participación de autoridades o de funcionarios públicos en la tramitación del crédito y compra de los terrenos en Machalí o los posibles vínculos y operaciones de las fundaciones asociadas a la Dirección Sociocultural de la Presidencia con instituciones financieras y sus directivos en el tiempo en que Dávalos detentó ese cargo, por nombrar algunos aspectos.

La posibilidad de que ministros de Estado estén involucrados en el velamiento del patrimonio de otro funcionario de la presidencia, como lo fue Dávalos, y más aún si la petición de transparentamiento haya sido demandada por un grupo de diputados durante el año pasado y esta haya sido omitida, solo aumenta la sensación de injusticia con que estarían operando algunas de nuestras autoridades y nos enfrenta a la imperiosa necesidad de repensar un nuevo armatoste legislativo y constitucional que castigue y nos defienda de las malas prácticas en los que pueden incurrir quienes nos gobiernan.