Un texto con más de 340 páginas y seis archivadores de documentación adjunta fueron recibidos por la secretaría de la comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional contra el Ministerio de Educación, Raúl Figueroa, correspondientes a la contestación del secretario de Estado.
En la sesión, el grupo parlamentario acordó estudiar los antecedentes de la defensa. Además, determinó sesionar de forma telemática el lunes 9 de agosto, desde la 9:00 horas hasta las 11:00 horas. El objetivo de esta sesión es recibir a nuevos invitados y conocer la exposición de la defensa.
Asimismo, determinarán la agenda de trabajo para los días martes 10 y miércoles 11 de agosto. En todo caso, será en esta última fecha cuando la Comisión votará la procedencia de la acusación. A su vez, se proyecta su tratamiento en la Sala de la Cámara para el jueves 12 de agosto.
De parte del equipo de la defensa del ministro, intervino el abogado Jorge Gálvez, quien manifestó que pretenden hacerse cargo de “una serie de cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica que les parece que ameritan declarar inadmisible la acusación constitucional”. Luego, dijo Gálvez, se contestaría de manera documentada las imputaciones que se hacen en cada uno de los capítulos.
Desde que la comisión inició sus labores han sido varias las jornadas de trabajo dedicadas a recibir a invitados con antecedentes, tanto a favor como en contra de las líneas argumentales de la acusación constitucional. Entre estos, se pueden mencionar a abogados, docentes, apoderados, gremios, médicos y fundaciones.
¿Cómo quedó la acusación?
El primero de los capítulos responde a la vulneración del derecho a la educación, que divide los argumentos en ocho apartados. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; y subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, entre otros.
El segundo capítulo se refiere a la vulneración de las/los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección” respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y, en segundo lugar, respecto al incumplimiento del “bono de incentivo al retiro”.
Por último, el tercer capítulo se denomina: amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Detalla y recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases presenciales, en el marco de la pandemia y los protocolos sanitarios para garantizar un retorno seguro a las aulas.
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