¿Cómo recuperar las aguas en la nueva Constitución?

Por Ivanna Olivares Miranda, Convencional Constituyente Distrito 5

Tras casi 20 años de movilización social, hoy es mayoritaria la opinión de que Chile vive una crisis en su sistema de gobernanza de aguas. El mercado del agua, inaugurado por la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, derivó en un uso indiscriminado de las cuencas, desabasteciendo a la población y secando los ríos. Solo el clamor desesperado y la lucha desde los territorios lograron instalar la idea de que sin este vital elemento no hay vida y que las aguas deben ser recuperadas. La pregunta es ¿cómo?

Abordar el problema del agua es una de las tareas fundamentales de la nueva Constitución. O dicho de otro modo: no habrá “nueva” Constitución si esta no resuelve esta cuestión trascendental. Con compañeras constituyentes de los movimientos MODATIMA y MAT, hemos presentado una iniciativa que busca atender integralmente este dilema, la cual ingresó a la Convención con la firma de 83 convencionales. El corazón de esta propuesta es declarar a nivel constitucional que el agua es un bien común natural, y como tal, no puede ser propiedad de nadie. Con esto pondremos fin al mercado del agua de la dictadura, y lo reemplazaremos por un sistema en el que el Estado tenga el deber de resguardar los derechos de las personas y la naturaleza respecto del agua.

Las personas podrán seguir usando agua para sus distintos fines, pero ya no se tratará más de un “derecho real” que se puede vender y transar en el mercado, sino de una autorización que otorga la autoridad pública, sujeta a causales de término y deberes de cuidado de las aguas. De aprobarse esta propuesta, todos quienes actualmente son titulares de derechos de aprovechamiento de agua pasarán automáticamente a ser titulares de estas nuevas autorizaciones administrativas, que les permitirán usar las aguas bajo las nuevas reglas. La regla principal es que la primera prioridad del uso del agua es el derecho humano al agua y el agua necesaria para el equilibrio ecológico de los ríos, y que solo satisfechos esos dos usos, se puede entregar agua para otros usos privados.

Este nuevo régimen nos permitirá fundar un nuevo pacto social entre nosotros como humanos, y entre nosotros y la naturaleza. Sin embargo, este nuevo sistema no puede funcionar sin solucionar el abuso de los excesivos derechos de aguas otorgados en el anterior sistema. Creemos que esta es una de las mayores prioridades a nivel país, y queremos tomar medidas a la altura de la crisis que enfrentamos.

Por ello hemos propuesto un artículo transitorio para que la nueva Constitución cree una comisión especial con el mandato de redistribuir las aguas a nivel país. Esta comisión estará integrada de forma paritaria, con personas de las distintas regiones de Chile, con representación de pueblos indígenas, y contará con las capacidades técnicas necesarias para abordar seriamente el problema. El mandato de esta comisión será hacer un diagnóstico de cada una de las 101 cuencas de Chile, del caudal necesario para proteger cada uno de esos ecosistemas y para satisfacer el derecho humano al agua de sus habitantes.

Con esa información, la comisión caducará los derechos de los grandes propietarios de aguas en igual proporción al agua necesaria para resguardar a las personas y la naturaleza. Es decir, ni los pequeños y medianos usuarios de agua serán afectados por esta redistribución y, al contrario, se beneficiarán de recuperar nuestros ríos. A los grandes propietarios se les indemnizará, pero dicha indemnización deberá contemplar el interés público en recuperar las aguas y el hecho de que muchos derechos de aprovechamiento de aguas fueron otorgados de manera gratuita en el sistema anterior. Nuestra propuesta es que esta comisión inicie su trabajo por las cuencas con mayor situación de crisis hídrica.

Este proceso técnico de redistribución contiene un contenido político fundamental: es la acción democrática de los pueblos de Chile para recuperar soberanía sobre nuestras propias vidas y los elementos vitales que la hacen posible. Es el acto mediante el cual haremos retroceder el mercado sobre nuestras aguas, y en su reemplazo construiremos un sistema público, con participación directa de las comunidades, que velará por nuestros derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Tenemos la oportunidad histórica de recuperar las aguas. Esta propuesta será prontamente votada por el Pleno de la Convención Constitucional. Convocamos a todas y todos a sumarse a este momento histórico y ayudarnos a hacer ley nuestro derecho humano al agua y a vivir en armonía con la naturaleza.