Comunidad Indígena Benancio Huenchupan y organizaciones sociales buscan detener instalación de central hidroeléctrica en el Río Cautín

Este lunes, la Comunidad Indígena Benancio Huenchupan presentó ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, un recurso de reclamación en contra del proyecto “Central Hidroeléctrica Hueñivales”, el cual se suma a la reclamación ya presentada por la Ilustre Municipalidad de Curacautín, la Junta de Vecinos Nº 2, el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora y otras personas naturales habitantes del sector, ante el mismo tribunal.

La acción presentada por la comunidad se sustenta en que el proyecto excluye el impacto que tendrá su realización sobre la Comunidad Benancio Huenchupan, a quienes además dejaron fuera de la consulta indígena respectiva.

Luego de su aprobación en 2019, el proyecto – ubicado en la ribera sur del río Cautín – fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental, instancia donde la empresa Energía Hueñivales SpA declaró la afectación ambiental solo a dos Menokos, sin considerar las consecuencias del proyecto sobre la comunidad Benancio Huenchupan.

De esta forma, la comunidad apunta a que no se ha logrado fundamentar que esta iniciativa no genera o presenta impactos significativos a los sistemas de vida de las comunidades y al patrimonio antropológico, arqueológico, histórico y cultural.

El Lonko de otra de las comunidades afectadas, la comunidad Liempi Colipi, Juan Huenuhueque Cheuquepan, explicó que “lo que queremos es que este proyecto no se haga de ninguna forma porque el daño va a ser inmenso. Además de que no se nos consulta, en el caso mío yo soy Lonko de este territorio bastante amplio y estos señores en ningún momento se han acercado a hacer alguna consulta para tener una idea de qué forma vamos a reaccionar nosotros. Entonces es imposible que esto se lleve a efecto”.

En esa línea, el recurso busca revertir la resolución que adoptó la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía en agosto del presente año, donde optó por rechazar las dos solicitudes ingresadas previamente que buscaban invalidar la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, argumentando que la mayoría de los solicitantes de invalidación no tendrían derecho a ejercer esta acción por haber realizado observaciones dentro del procedimiento de evaluación.

Ante esto, el abogado de la Comunidad Indígena Benancio Huenchupan, Antonio Madrid, señaló que “aquí nos encontramos con evidentes falencias en la evaluación de impacto ambiental del proyecto relacionadas al medio humano, pero además, lo que nos preocupa demasiado es que nos parece insostenible que el Servicio de Evaluación Ambiental continúe realizando interpretaciones de la legislación que cuestionan la legitimación activa de las comunidades, municipalidad y otros reclamantes, en definitiva restringiendo el acceso a la justicia ambiental por parte de los afectados en beneficio de proyectos de inversión que se instalan en el territorio“.

Asimismo, el abogado afirmó que “esto es contrario al deber constitucional de protección ambiental que tiene el Estado, y al SEA como órgano del mismo, que finalmente termina actuando en todas las ocasiones como defensor de los proyectos que amenazan la naturaleza y las comunidades, y no cumpliendo el rol de administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y de coordinación de los organismos que ahí intervienen, todo bajo este deber de protección constitucional“.

Por su parte, Manuela Royo, Constituyente por el Distrito 23, afirmó que “hoy más que nunca, en el contexto de la crisis climática, tenemos que tomar acciones colectivas para revertir todas las amenazas al medioambiente, al ecosistema, y debemos proteger los ríos libres. Por lo tanto, apoyamos la acción de reclamación ante el Tribunal Ambiental porque creemos que debemos proteger los ríos y la naturaleza especialmente en territorios indígenas”.

La acción se realizó el mismo día en que el pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta que declara que la nueva Constitución se redacte bajo Estado de Emergencia Climática y Ecológica, lo que implica que las labores del organismo deberán desarrollarse de una manera sustentable y bajo el reconocimiento de una crisis medioambiental en curso.