Por Angela Pong
Un nuevo reclamo presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la comunidad Mapuche Williche Pepiukelen, en Pargua, al sur de Puerto Montt, por la irregular ampliación de las instalaciones de la empresa salmonera Los Fiordos, de AgroSuper, que estaría afectando el ecosistema de las comunidades aledañas.
Se trata de estanques metálicos que la empresa ha venido instalando, durante los últimos, a 30 metros de las casas de la comunidad, según el relato de un video del propio werkén de la comunidad Mapuche Williche Pepiukelen, Francisco Vera Millaquén, que consignó Radio del Mar.
En el mismo registro audiovisual, donde el vocero Vera grabó para visibilizar la problemática, señaló que era imposible que, en ese lugar, que era de áreas verdes, la empresa haya tenido el permiso de ampliación que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). “Solo tienen un permiso llamado ‘de pertenencia’, que se los entregó el director del SEA”, afirmó.
En la mira de la CIDH
En 2007, La comunidad de Pepiukelen por primera vez recurrió a presentar un reclamo ante la CIDH contra la salmonera, después de varios intentos de acciones judiciales en el país sin entregarle soluciones, producto de la construcción de un estanque para almacenar líquidos contaminantes de la empresa Los Fiordos, a 3 metros de sus terrenos, como señala el informe del CIDH.
Fue así como los comuneros comenzaron a denunciar que estos líquidos contaminados desembocaban en el Rio Allipén, alterando el ecosistema, la calidad de vida y de trabajo de las personas de la comunidad.
El reclamo fue acogido por la CIDH en marzo de 2019, donde la entidad afirmó que “se están violando los derechos de Vida, Integridad Judicial y Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, comunicó una nota de ECOOCEANOS.
Sentencia de la Corte Suprema
Tras la contaminación del Río Allipén producto de los desechos industriales de la salmonera, el 25 de febrero del 2010, el werkén Vera Millaquén, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fallo que fue acogido por la entidad el 27 de febrero y por la Corte Suprema el 15 de septiembre del mismo año.
La sentencia reconoció “los efectos que el proyecto de la pesquera tiene en el ejercicio de los derechos de la comunidad, así como su carácter ilegal y arbitrario toda vez que el emplazamiento de las aguas servidas excede los trabajos autorizados por la autoridad ambiental”, señala un extracto.
Poca fiscalización
Sin embargo, las resoluciones de los tribunales de justicia del país no han sido respetadas, ya que, en septiembre 2019, a través de otro video publicado en su perfil de Facebook, el vocero Vera Millaquén, dejó en evidencia que la empresa Los Fiordos sigue contaminando, y mostró las aguas turbias del río Allipén que afecta a las personas.
La contaminación del rio se suma a la expansión irregular de instalaciones de la empresa actualmente, situación que indigna a la comunidad Williche, ya que se siguen vulnerando sus derechos.
La nula fiscalización al incumplimiento del veredicto de la Corte Suprema, demuestra la falta de protección de derechos esenciales de las personas que viven aledañas al sector industrial pesquero, y la poca efectividad de los recursos judiciales del que disponen.
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