Comunidades del Valle del Huasco esperan que Tribunal Ambiental «no cambie» resolución que clausuró Pascua Lama

Este martes 6 de noviembre se realizaron los alegatos en el Tribunal Ambiental de Antofagasta por la reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente del 17 de enero pasado, que tras un proceso de sanción acumulado por más de 30 incumplimientos, mandató la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama.

Dicha reclamación fue interpuesta por Barrick Gold en febrero, con la expresa intención de rebajar las multas, pero sobre todo, la sanción de cierre. La SMA se hizo parte para defender su resolución, y lo mismo hicieron las comunidades por medio de sus abogados Álvaro Toro y Sergio Millamán, incluso pidiendo aún mayor rigor.

Antes de iniciarse los alegatos, hubo una manifestación a las afueras del Tribunal, realizada por habitantes que viajaron del Valle del Huasco y vecinos de Antofagasta que solidarizan con la causa. Finalmente, a las 10 de la mañana se dio inicio a dichos alegatos. El primer turno fue para la transnacional, quien mediante su abogado apostó a una estrategia de victimización, acusando una actitud «discriminatoria para con Barrick, por parte de la SMA».

Según señalaron desde la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la presentación de Barrick «se basó en intentar tergiversar los hechos y daños constatados, enfocándose en el incumplimiento del monitoreo de glaciares, el cual se ha constatado, es equivalente a afectarlos».

Asimismo, indicaron, la empresa culpó «una vez más al cambio climático del retroceso de los glaciares», teniendo «el descaro de vociferar que no ha cometido infracciones reiteradas»: «Es más, incluso no tuvo vergüenza en decir que sus reiteradas infracciones respecto de glaciares no son contumacia, sino perseverancia», explicaron desde la Asamblea.

Recordemos que Barrick tiene más de 6 infracciones en la antigua institucionalidad ambiental, y una serie de fallos en su contra que justamente la han sancionado por el monitoreo de glaciares.

Posteriormente, fue el turno de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que por medio de un contundente e impecable alegato, dejó en claro que ha habido daño ambiental irreparable de ecosistemas frágiles altoandinos, afectación de glaciares por el gravísimo incumplimiento en los monitoreos, afectación de las aguas y riesgo a la salud de las personas.

En esa línea, aportaron un dato difícil de asimilar para las comunidades: Durante todo el 2013, casi todo el caudal del río Estrecho, sufrió descargas irregulares -es decir, de agua contaminada- por medio de la CCR, cámara de captación y restitución de aguas, una obra que además es ilegal.

Así, basándose justamente en la contumacia e intencionalidad de la empresa, la SMA defendió el cierre expresando que Barrick es el primer infractor en el país que estando tan sólo en su etapa de construcción, ya ha enfrentado una inmensa cantidad de sanciones en distintas sedes y tribunales, recordando también que fue la empresa castigada con la mayor multa en la historia del país en mayo de 2013, y luego de eso, siguió incumpliendo la legislación, terminando en un nuevo proceso sancionatorio por cargos entre el año 2014 y 2015.

Luego de un receso, fue el turno de los abogados de las comunidades, quienes fueron acogidos como terceros coadyudantes de la SMA. Comenzó Álvaro Toro, dejando en claro que en todo este proceso se ha estado fuertemente en desacuerdo con muchas decisiones de la SMA en cuanto a tiempos, conclusiones, decisiones, etc., sin embargo, finalmente, con la resolución se está totalmente de acuerdo, porque a pesar de no brindar la revocación del permiso ambiental de Barrick, termina permitiendo la clausura definitiva del proyecto que es lo que las comunidades han pedido desde siempre.

Toro agregó que esta empresa «ya no necesita multas, sino sanciones no pecunarias, porque ya no entendió y nunca va a cumplir, por tanto el cierre es la sanción que debe tener».

Por su parte, el abogado Sergio Millamán dedicó su presentación a pedir más rigor en las sanciones, apuntando que no se debió haber omitido el riesgo a la salud por arsénico confirmado en el informe de la SMA, para lo cual acompañó un informe de importantes especialistas toxicólogos y epidemiológicos, como lo son el profesor Andrei Tchernitchin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico, y Aníbal Vivaceta y Esteban Hadjez, ambos académicos de la Universidad de Valparaíso.

Por último, Millamán confirmó que el daño a las aguas «es gravísimo» y que no se detuvo luego de los hechos infracciónales, sino que continuó el 2016 y 2017, quedando oculto por la modificación de la RCA del proyecto realizada en junio de 2016, que definió límites más permisivos para los metales pesados en el río, lo cual también se encuentra reclamado en el Tribunal Ambiental de Santiago.

Tras todo esto, las comunidades se sintieron satisfechas por la defensa de la SMA y sus abogados, «viendo que por primera vez el Estado defiende la vida del Valle del Huasco y lo que han alegado por más de 20 años».

Ahora, afirmaron, esperan que el Tribunal Ambiental no cambie su opinión, la cual incluso ya quedó confirmada en el fallo de hace tres semanas: «No entenderíamos que el Tribunal ahora acepte la reclamación de Barrick, con todos los daños y afectaciones que se han cometido, y sobre todo si ya aceptó que se cometió una afectación a glaciares y por eso hay que cerrar», concluyeron desde la Asamblea por el Agua del Guasco Alto.