Comunidades mapuche de Coñaripe y Panguipulli se suman al rechazo a la modificación de la Ley Indígena

Con miras a la consulta convocada por el Estado para el miércoles 5 de junio en Coñaripe y Panguipulli, autoridades ancestrales del Lof Kona Rupu, Lof Traitraiko y el Lof Pukura, se reunieron el pasado viernes 31 de mayo para analizar en detalle las implicancias de los 11 puntos de la modificación a la ley Indígena. Tras varias horas de diálogo y compartir información, acordaron un completo rechazo, pues entre varias razones, se están proponiendo medidas de venta, arriendo y subdivisión de las tierras que apuntan a continuar con el despojo del territorio del cual han venido siendo objeto.

Con la presencia de autoridades ancestrales de dichos territorios, entre ellas cuatro lonko, así como mapuche de otros lof aledaños, como Challupen y Culan, se sostuvo esta reunión autoconvocada con el objetivo de compartir la escasa información que circula sobre los puntos específicos que el Estado está sometiendo a Consulta Indígena en cuanto a la modificación o “actualización” de la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas.

Este cuerpo legal data de 1993 y fue el resultado de un amplio proceso de movilización de los pueblos originarios. Pese a que la ley promulgada sólo contempló parte de lo demandado, ha constituido algún grado de freno para la pérdida de tierras.

Por ello, los y las presentes se mostraron preocupados porque las modificaciones podrían desproteger la tierra indígena y convertirla en bienes transables, aumentando la fragmentación y pérdida de territorio mapuche. En el comunicado público que emanó de la reunión señalan que “la modificación privilegia la individualización y venta de la tierra, lo que va en contra de nuestra cosmovisión donde el territorio es parte del mapuche como él es parte del territorio. Si se pierde la tierra se pierde todo”.

Cabe destacar que entre las medidas propuestas que actualmente se está sometiendo a consulta indígena se plantea eliminar la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas, aplicando las reglas generales de subdivisión predial que permiten dividir en hasta media hectárea (5000m2). Además, se propone disminuir de 25 a 5 años el período para que los predios que se han restituido por medio del Fondo de Tierras puedan ser vendidos entre indígenas.

Otro aspecto controversial sería permitir que el Derecho Real de Uso y el Derecho Real de Goce puedan constituirse en título individual de dominio. Es decir, obtener el dominio de aquella parte de los terrenos donde herederos cohabitan y ejercen sus derechos y en los que han construido sus casas, realizado mejoras o materializado ciertos emprendimientos.  

En cuanto a las tierras indígenas individuales, proponen la realización de contratos de arriendos, comodatos o medierías por un plazo de hasta 25 años. Actualmente el plazo es de 5 años y la sospecha que plantearon los asistentes es que esto abriría el camino para los intereses de las empresas forestales entre otras grandes empresas interesadas en nuevas tierras fértiles para explotar.

También se proponen cambios en los requisitos para la constitución de organizaciones indígenas, exigiendo engorrosos Informes Culturales de CONADI para las nuevas Comunidades Indígenas, y disminuyendo el mínimo de integrantes para las nuevas Asociaciones, de 25 a 2 personas.

En ese sentido, un argumento que fue levantado con fuerza en Coñaripe y que se ha venido señalando en los distintos territorios de norte a sur, es que este proceso de consulta no respeta ninguno de los estándares fijados por el Convenio 169 de la OIT, es decir, que sea un proceso de buena fe, libre, previa e informada y flexible a los tiempos de las comunidades, puesto que sigue funcionando bajo la metodología del Decreto N°66 elaborado bajo el primer gobierno de Piñera el cual limita la implementación de dicho convenio internacional en cuanto a cómo debe llevarse un proceso de consulta con pueblos indígenas.

Luego de desarrollado el encuentro, los participantes elaboraron un comunicado público que llama a impedir que esta “consulta impuesta” se siga desarrollando. Cabe recordar que el proceso partió a nivel nacional el 23 de mayo y si bien se está aplicando a los nueve pueblos originarios que el Estado reconoce, en el caso de Wallmapu va de la mano del Plan Impulso Araucanía.

Para Coñaripe y Panguipulli, la convocatoria del Ministerio de Desarrollo Social es para el miércoles 5 de junio a las 10.00 hrs. En el caso de Coñaripe la actividad es en la sede social de Villa San José de la Dehesa; mientras que en Panguipulli será en el salón de Dideco ubicado en Calle Etchegaray nº481 esquina Ramón Freire.