Comunidades Mapuche Lafkenche interponen recurso por desastre socioambiental causado por plaguicidas

Vía Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile

Un recurso de protección contra el responsable de una fumigación aérea con plaguicidas, que los dejó sin medios de subsistencia, presentarán en la Corte de Apelaciones de Temuco trece comunidades mapuche lafkenche del sector Calof, del área norte de Puerto Saavedra, en Wallmapu (Región de la Araucanía).

En específico, se denuncia la inacción de las autoridades frente a la pérdida de cultivos, daños al bosque nativo – en especial canelos – y afectación a la salud de niños y comunidades.

De acuerdo al recurso, la fumigación aérea se realizó el pasado 19 de marzo en el predio Esperanza Norte, y su deriva se extendió por unos 15 a 20 km en línea recta, generando a partir de ese momento una serie de secuelas en la salud de las personas, los cultivos de las comunidades y el bosque nativo.

Además, las comunidades señalaron que Luciano Landerretche, dueño del cultivo de raps (canola), objetivo de la fumigación, no realizó el aviso previo a los vecinos, requerido legalmente antes de esa actividad. Según la empresa, el plaguicida utilizado tiene el nombre comercial Karate, sin embargo, no ha sido identificado en las tardías muestras analizadas en forma científica.

El cuestionado vuelo de aspersión de venenos se realizó como parte de medidas para apurar la cosecha de raps (canola) del predio agroindustrial. En los cultivos de raps, se usa paraquat como desecante foliar para facilitar la cosecha que se hace en marzo-abril.

En esa línea, se informó que algunos miembros de la comunidad alcanzados por la deriva de la aspersión del plaguicida confundieron esa humedad con una garúa y no se pusieron a resguardo. Luego sufrieron alergias y rash cutáneo. También fueron afectados niños y niñas de la escuela de Calof, quienes avisaron a sus padres que las manzanas que consumieron después de ese día tenían un gusto amargo y mal sabor, y luego sufrieron diarreas.

En total, son 13 las comunidades afectadas, entre las cuales están Calof, Daullico, Ranco, Collico, Quifo, Curileufu, Oñoico, Cayurranquil, Quilhue, y Pullallan.

Un cóctel con receta mortal

Según el Seremi de Salud subrogante, Alex Olivares, la fumigación cumplió con la normativa legal. Esta declaración la hizo el 24 de abril, tras manifestaciones de las comunidades afectadas en protesta por la falta de respuesta, a un mes y días de ocurridos los hechos.

El plaguicida informado a Seremi Salud por el responsable del predio, es el insecticida Karate, cuyo principio activo es Lamdacihalotrina, un piretroide fabricado por Syngenta que no es un desecante. Se usa para combatir plagas de polilla de la manzana y pulgones, entre otros, lo cual no es coherente con el follaje quemado y el daño total sufrido por las dos comunidades más próximas al predio objetivo de la aplicación aérea (Caniupi Llancaleo y Antinao Carmona), que resultaron con un 100% de pérdidas.

María Elena Rozas, coordinadora de RAP-Chile y experta en los impactos de plaguicidas, señaló que “esa devastación puede estar relacionada con el uso de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos, posiblemente herbicidas como paraquat, diquat o glifosato. Los manuales de AFIPA, la industria fabricante o distribuidora de estos venenos recomiendan también aplicar Renglon como desecante en los días previos a la cosecha del rap en abril“.

“Es muy grave que desde la Seremi de Salud y el SAG no se fiscalice ni actúe oportunamente ya que ni siquiera se están cumpliendo las débiles normas que tenemos, las cuales obligan a considerar las condiciones climáticas, especialmente los vientos, y dar aviso previo a las comunidades antes de aplicar estos plaguicidas, altamente peligrosos por sus efectos sociales y ambientales”, añadió Rozas.

Pérdida total

Lucinda Catrilef, presidenta de la comunidad Caniupi Llancaleo denunció que “todos mis cultivos de hortalizas y frutales, que iban a asegurar nuestra subsistencia como familia, se perdieron, no tendremos qué comer ni qué vender este año. Nosotros vamos al pueblo a vender los productos y a veces vienen personas de la ciudad a comprarnos. Por eso el 26 de marzo puse una denuncia ante la fiscalía de Carahue, y otras antes en la Seremi de Salud de la Araucanía y el SAG”.

La dirigenta relata que tanto el departamento de medioambiente de la Municipalidad como la Seremi de Salud fueron al lugar luego de producido el daño, pero recela: “Como comunidad desconfiamos de la Seremi porque no han sido transparentes ni diligentes frente a un problema tan grande como este, que afecta a toda la comunidad, somos unas 1500 familias en total”, afirma.

Desde el municipio, se estima que hay unas 5.000 personas que carecerán de sustento, pues se les solicitó por los médicos del servicio de salud local no consumir sus productos ni venderlos, dada su toxicidad evidente.

Viviana Lincopi, otra de las afectadas, recordó que esta era la producción de todo el año y resultó totalmente quemada por el plaguicida, le cayó encima a mis huertos y frutales y fue lanzado desde una avioneta”.

Efectivamente, las aplicaciones aéreas con plaguicidas quemaron el follaje y pasto, árboles frutales, entre ellos manzanos, frambuesas, arándanos, choclos, zapallos y otros cultivos que eran su sustento. El mismo daño total se registró en la comunidad Antinao Carmona, y a todo lo anterior, se suma la mortandad de abejas y la pérdida de yerbas medicinales y biodiversidad en todo el entorno.

Otras irregularidades

A falta de acción del SAG y de la Seremi Salud Araucanía, el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad tomó muestras de follaje afectado y pidió al laboratorio ANALAB un análisis de insecticidas, entre ellos, Karate, de acuerdo con lo manifestado por la administración del predio. Extrañamente, las muestras se perdieron, lo que determinó un retraso importante en la entrega de los resultados. La respuesta de ANALAB fue que no se encontraba Karate ni otros insecticidas o contaminantes en las muestras, o bien estaban fuera del límite de detección. No hubo análisis de presencia de herbicidas.

María Elena Rozas denuncia: “En rigor, en estos casos se debe hacer análisis de multiresiduos, la toma de muestras la deben hacer servicios del Estado, entre ellos el SAG y MINSAL, de preferencia el mismo día de la aplicación de plaguicidas, en envases sellados y bien identificados para asegurar la trazabilidad y llevarlos a laboratorios acreditados. La lista de irregularidades que detectamos incluye el no aviso a los vecinos, en este caso las 13 comunidades, ni al encargado del Agua Potable Rural APR por el resguardo de las fuentes de agua. Están infringiendo así la normativa de aplicaciones aéreas y terrestres de MINSAL, el hacerlo en territorios donde hay una escuela y efectuarlo en un día con condiciones climáticas de mucho viento, por lo que se produjo esa extensa deriva del veneno”.

Al cierre de esta nota, el empresario agrícola que contrató el vuelo no había formulado declaraciones. Posee otros predios en la zona, entre ellos el fundo Rucalán, asociados a memorias del despojo para las comunidades mapuche que lo habían recuperado en los años 70. Una nota del medio “La Voz de los que Sobran” relata que los hermanos Landerretche, antepasados de este agricultor, fueron parte de los Comités de Reforma Patronales organizados desde ese fundo, quienes el año 1971 comenzaron a desalojar, con armas en la mano, a quienes recuperaban tierras ancestrales durante el gobierno del Presidente Salvador Allende.

(*) Foto Portada: Referencial