Comunidades mapuche denuncian obstrucción de RaboBank en la compra de tierras

Con banderas y lienzos en la esquina de Alonso de Córdoba con El Coihue en Vitacura, comunidades mapuche visitaron las oficinas del Banco Rabobank en una misión especial. La entidad financiera se ha negado a recibirlos debido a un conflicto de interés relacionado con extensiones de tierras en la Fütawillimapu, a pesar de que las comunidades han hecho la mejor oferta para adquirir los terrenos mediante la compra 20B de CONADI.

La entidad, originaria de los Países Bajos y fundada en 1898, se ha expandido por el mundo generando historias conflictivas en Rumania y Polonia. A través de su fondo de inversión RaboFarm, ha logrado adquirir más de 21 millones de hectáreas, haciendo negocios con criminales convictos y políticos locales. Sus métodos se extienden a Brasil, donde más de 3,6 millones de hectáreas de la Amazonía han sido afectadas por la deforestación e instalación de cultivos de soja y aceite de palma, según informes de Greenpeace de 2012.

En Wallmapu, sus activos financieros giran en torno a la agroindustria, siendo uno de sus clientes la neozelandesa Manuka, que acapara grandes extensiones de tierras en el sur del país mapuche (30.471 hectáreas de bosques y praderas, según la empresa). Estas tierras se encuentran en la región de la Fütawillimapu, que corresponde a las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos en Chile.

Wallmapu es la denominación utilizada por el pueblo mapuche para referirse al territorio ocupado por Chile y Argentina, que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Una de las principales resistencias es salvaguardar la soberanía y combatir la pobreza dejada por el despojo y la traición. “Existe una deuda histórica donde las evidencias documentales y científicas prueban la convivencia de una nación organizada con tratados comerciales como figura de fortalecimiento para celebrar la paz”, indica el antropólogo Manuel Contreras Painemal.

Rabobank amenaza la soberanía

Atendiendo a esta preocupación, las comunidades mapuche fijaron su mirada en el actuar de las entidades financieras, especialmente en la oferta de venta de los fundos de Chilterra ubicados en las comunas de Paillaco, Futrono, Los Lagos y Panguipulli. Las familias vieron con esperanza la posibilidad de recuperar tierras para Wallmapu y trabajar en un ambicioso proyecto de Hacienda y Economía, consistente en la industrialización de la materia prima como leche, agua, cultivos y bosques, apuntando a combatir la pobreza y el extractivismo. Este proyecto ha sido truncado por RaboFinance, filial de RaboBank en Chile, que impide cumplir el deseo de desarrollo sustentable planificado por las comunidades.

Desde las afueras de Alonso de Córdoba 3788, Vitacura, Región Metropolitana, domicilio corporativo de RaboFinance, el Lonko David Vera Millalen, de la comunidad Colihuinca Mañuko Nge Chico e integrante de Küme Ülmen Corporación Agroalimentaria Mapuche en la Fütawillimapu, expresó: “Estamos con una demanda de tierras a través del artículo 20B, pero hoy día nos sentimos perjudicados por un banco neerlandés que se opone a la venta de los predios que como comunidades estamos demandando”. La autoridad ancestral mapuche señaló que la obstrucción a la venta de Chilterra a las comunidades se produce debido a su condición de acreedor de la empresa dueña de los predios.

Las tierras de interés están en proceso de reorganización judicial, un mecanismo utilizado por empresas que han caído en desgracia por fondos de inversión, como es el caso de Chilterra. Antes de finiquitar sus activos, la agrícola firmó compromisos con los lonko de Wallmapu comprometiéndose a vender las tierras a las comunidades. La autoridad nacional mapuche declara que las únicas ofertas por tierras deben venir desde la nación milenaria. “Los procesos de reorganización judicial a los cuales están sometidos los terrenos que ustedes quieren adquirir están regulados por la normativa de la ley 20.720, en la cual los bancos y los acreedores tienen la obligación de cumplir estrictamente”, señala el abogado Nicolás Jiménez, agregando que “la aplicación de la normativa a las comunidades en particular debería ser distinta, considerando la realidad que viven”, refiriéndose al despojo, expropiación, ocupación y desplazamiento en Wallmapu. Jiménez añade que “es importante que los bancos puedan tener un punto de inflexión, vean y conozcan las realidades de las comunidades y puedan tener un poco de complacencia respecto a la aplicación de las normas”. Recordemos que el acaparamiento de tierras agrícolas es parte de un plan llamado Land Grabbing, surgido después de la crisis alimentaria de 2007-2008, caracterizado por el acaparamiento de grandes superficies por capitales financieros transnacionales que se instalan en países pobres con destinos de exportación.

Por Raigan Nawel