Comunidades presentan recurso de protección para detener tronaduras por expansión de la Ruta 66

Los habitantes de la comunidad Altos Santo Domingo, ubicada en el sector de San Juan, Región de Valparaíso, presentaron un recurso de protección contra la empresa constructora Sacyr y el Ministerio de Obras Públicas debido a los graves daños y la afectación a su calidad de vida, que generarían más de 40 tronaduras, como parte del proyecto de expansión de la Ruta 66.

La ampliación de la también conocida como «Ruta de la Fruta» cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde el año 2013. La iniciativa, que tiene un trazado de 142 kilómetros y un costo de US $575 millones está en su última etapa de construcción, la cual ha sido denominada Variante San Juan.

Justamente, el trazado de la carretera-que busca mejorar el acceso hacia los dos puertos más importantes del País: Valparaíso y San Antonio, ambos ubicados en la Región de Valparaíso- pasa por la localidad de San Juan.

Los vecinos señalan que las tronaduras que se ejecutarán en los deslindes de su comunidad no fueron contempladas en la RCA original del proyecto, lo que consideran una elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SELA).

Asimismo, acusan la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Riesgos y efectos de las tronaduras

A través de un comunicado, advirtieron sobre las afectaciones que podrían generar las explosiones en la comunidad.

«La empresa constructora Sacyr y el Ministerio de Obras Públicas, planean realizar más de 86 tronaduras durante un período de ocho meses, 43 de estas explosiones están planificadas en los deslindes de nuestra comunidad, a escasos metros de nuestras viviendas, afectando directamente a un gran número de casas y personas. Este impacto no solo pone en riesgo nuestra seguridad, sino que también puede generar un daño irreparable en nuestra calidad de vida», explicaron en el texto.

Indicaron que en las múltiples reuniones que han sostenido con la empresa concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, han solicitado respuestas claras sobre las tronaduras, sin embargo señalaron que sus preguntas «han sido ignoradas o deliberadamente postergadas, demostrando un total desprecio por nuestras legítimas preocupaciones».

«Ante esta falta de transparencia, hemos recurrido a una acción constitucional de protección, para denunciar cómo estas actividades amenazan nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y psíquica, a la propiedad y a un medio ambiente libre de contaminación, todo esto, amparada en nuestra Constitución», indicaron.

Con este recurso de protección, presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso los vecinos solicitan que se suspendan de manera inmediata todas las obras y actividades de construcción del proyecto en su tramo B5 (variante), en especial en las zonas susceptibles de ser afectadas por tronaduras».

Asimismo, piden que se prohiba la ejecución de cualquier nueva actividad que implique el uso de explosivos o su preparación, mientras no se sometan dichas actividades a una correcta evaluación ambiental y de riesgos».

Con esta acción legal exigen que se adopten «las medidas de mitigación adecuadas para proteger la salud de los recurrentes», consignó el diario Líder de San Antonio.

Se prevé que este miércoles 4 de diciembre se realicen los alegatos del recurso de protección en el tribunal de alzada.

Además, la Superintendencia de Medio Ambiente, dio curso a una denuncia interpuesta por los vecinos e iniciará el proceso de fiscalización.

Desde la comunidad Altos Santo Domingo destacaron que, «a pesar de estos abusos», reafirman su disposición al diálogo.

«Exigimos ser incluidos de manera efectiva en la toma de decisiones que afectan nuestra comunidad. No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede avanzar si no se preocupa de asegurarnos un estándar mínimo para nuestra seguridad y la protección de nuestro entorno», indicaron.