Concejalas y dirigentes piden que colegios de Santiago sean traspasados a Servicios Locales de Educación

La mañana de este lunes, las concejalas de Santiago Irací Hassler, Natalia Contreras y Rosario Carvajal, junto a representantes de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), de la Federación Nacional de Asociaciones de Asistentes de la Educación (AEFEN), de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), llegaron hasta el Ministerio de Educación a para solicitar que «de forma urgente e inmediata» se anticipe el traspaso de todos los establecimientos educacionales de la comuna al Servicio Local de Educación respectivo.

Las solicitantes argumentan que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. «ha fracasado rotundamente en su labor de dar continuidad, potenciar y dirigir el servicio educacional como su sostenedor, viéndose continuamente sobrepasado y aplicando como respuestas medidas coercitivas, autoritarias y descalificadoras, que perjudican al sistema educacional público en su conjunto».

En ese sentido, apuntan que, por ejemplo, «hasta hoy no se ha dado cumplimiento a ninguno de los acuerdos tomados respecto a la recuperación del edificio del Liceo Amunátegui, que está en el abandono desde hace ya un año y su comunidad tiene que permanecer en un edificio en arriendo que no da todas las garantías». Por otra parte, mencionan que el Liceo 1 Javiera Carrera, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Instituto Nacional, el Liceo Darío Salas y la Escuela República de Israel, entre otros, «permanentemente han manifestado falta de profesores, problemas de infraestructura, de convivencia y de no cumplimiento de acuerdos en petitorios con la administración municipal, tanto con el sostenedor como con el Departamento de Educación Municipal».

Se añade en el requerimiento que en estos dos últimos años «la crisis educacional en la comuna de Santiago, ha ido in crescendo: con un deterioro patente de las matrículas, con una infraestructura en abandono, con casi todas las comunidades educativas divididas, con notables malos tratos a los trabajadores de la educación; con familias totalmente agobiadas y presas de la angustia y de la incertidumbre del futuro de sus hijos e hijas. Con reducción de aportes municipales al presupuesto de educación anual y con la consiguiente disminución de la planta docente, cuestión que va absolutamente en contra a las solicitudes de las comunidades educativas de ‘falta de profesores'».

Junto con ello se critica la aplicación de la Ley Aula Segura, que -apuntan- «ha complejizado los escenarios de las comunidades, ha confundido la aplicación y actualización de los manuales de convivencia y ha generado también deformaciones de procedimiento, pues ante la amenaza de posible expulsión se ha producido el retiro de estudiantes; también judicialización ante la vulneración de derechos constitucionales, entre otras».