«Brechas en el ecosistema del libro», editado por Lom y JC Editor, se titula la investigación de Andrés Fernández, integrante del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, que este miércoles 14 de julio se presentó con un panel donde se discutieron las falencias que tuvo la aplicación de la Política Nacional del Libro y la Lectura (PNLL) 2015-2020, y las desigualdades tanto en la compra de libros como en la democratización del acceso a ellos a nivel regional.
Habían existido iniciativas anteriores de políticas públicas en torno al libro: en 2006 se lanzó la primera, sin embargo, las 87 medidas contenidas en la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, elaboradas con la participación de 500 actores del mundo editorial, prometían cambiar radicalmente la industria editorial chilena, diversificando el gasto y democratizando el acceso.
Pero hoy, cuando ya se comienza a trabajar en una nueva hoja de ruta para el 2022, los balances de la PNLL 2015-2020, no son tan positivos. Así lo deja claro la investigación de Andrés Fernández, quien analizó acuciosamente datos sobre las compras públicas en el área durante esos años y constató que el gasto no se condice con la estrategia esbozada en el papel y que la concentración editorial, la falta de acceso, el escaso financiamiento recibido por las bibliotecas públicas versus las privadas, siguen siendo la tónica de la realidad país.
El estudio reveló, por ejemplo, la significativa concentración del mercado editorial por parte de grandes conglomerados, versus el sector local e independiente. Según cifras de 2016-2017, sólo 10% de los proveedores se llevan el 80% de las ventas de libros para bibliotecas públicas. Y en el caso de los textos escolares, tan sólo tres editoriales se llevan el 70% de las ventas.
También en el orden de la participación de los países de origen de las compras públicas, se puede ver que las editoriales chilenas participan sólo con un 45% de los títulos, y luego editoriales españolas participan con casi un 27%, siguiendo luego los latinoamericanos Argentina (21%), México (4%), Uruguay (2%), y otros.
Para el editor Paulo Slachevsky, «hay un tema cultural de fondo que está instalado y es que en vez de potenciar lo propio, se desprecia. Se entiende entonces que el gobierno de Lagos le haya dado una medalla a José de Polancos, dueño de la española Santillana y no a Eduardo Castro, de Editorial Universitaria. Hay un colonialismo instalado, hay censuras políticas que no se dicen pero suceden y esto se enfrenta haciendo políticas públicas vinculantes, donde exista realmente una visión crítica».
En la misma línea, el autor y Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Andrés Fernández, dijo que «hay una brecha evidente entre la política nacional y el gasto público, estas dos no conversan, es más van en direcciones opuestas», preguntándose en este punto «qué se entiende por eficiencia presupuestaria».
«No basta con discutir en términos de calidad-precio del libro, que es lo que se suele hacer, tampoco tiene que ver sólo con aumentar el presupuesto porque este puede seguir dirigiéndose hacia la concentración editorial. Lo que hay que hacer es mejorar el gasto, pero mirándolo desde un punto de vista sistémico, cambiar los mecanismos de compra y avanzar hacia una diversificación cultural», agregó Fernández.
En términos de traducciones, se puede ver en el estudio que el inglés domina como lengua de introducción (sobre el 50% de los títulos) y como lengua de extraducción (sobre el 70%), muy por encima de las lenguas Mapudungun u otras originarias del país. A su vez, Santiago concentra sobre el 80% de los títulos registrados al año, muy por encima de Valparaíso (5%) y Concepción (2%).
En esa línea, la investigadora Constanza Symmens afirmó que es «fundamental la mirada a largo plazo, una política que se traduzca en el plan y los programas» y que «la orientación del gasto público debe tener pertinencia territorial, integrar a las comunidades en la producción de las decisiones de compra y de elección del catálogo para que sean contenidos propios, que releven nuestra identidad y que la bibliodiversidad se haga carne».
El texto muestra, también, que el gasto público está alojado en distintas unidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas y las Artes, los Programas de las Bibliotecas Públicas, las compras de la Junji, entre otros. Sin embargo, por solo concepto de programas de textos escolares, este se lleva el 64% del gasto público, mientras que el Fondo del Libro representa un 12% y las Bibliotecas Escolares Cra sólo un 10%, lo que revela que e Mineduc concentra el gasto en al menos un 74% y por tanto, también la toma de decisiones.
A esto se suman otros datos como que las bibliotecas públicas todavía reciben un escaso financiamiento, comparado, por ejemplo, a lo que se gastan en las librerías privadas y que el número de bibliotecas públicas en el país todavía no alcanza las cifras de referencia internacionales, a pesar de que el rol de las bibliotecas regionales es un fuerte impulso para el sector.
Según María Eugenia Domínguez, «queda claro que el problema no es técnico ni de coordinación, sino que es eminentemente ideológico y político, que juega a favor de la concentración como un fenómeno internacional», y advierte que esto «no permite fortalecer la industria local ni tampoco visibilizar la enorme producción literaria en los territorios. Así no hay cómo publicar, cómo dar a conocer, cómo hacer circular esa producción, no hay cómo hacer que la gente del sur conozca lo que ha escrito la gente del norte y viceversa».
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